'Los abrazos ya no alcanzan'

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, S. J., y Joaquín Mora Salazar, S. J., y del guía de turistas Pedro Palma en la comunidad Cerocahui, en la Tarahumara, es un caso emblemático de la violencia que sufre el país y genera nuevos cuestionamientos a la estrategia el gobierno federal en la materia.

Es emblemático porque muestra la impunidad con que operan los delincuentes, el incremento de la crueldad con que cometen sus crímenes y la pérdida del control por parte del Estado de amplios territorios.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el presunto asesino es José Noriel Portillo Gil, El Chueco, un criminal que opera con impunidad en la zona. Se le atribuye el homicidio del estadounidense Patrick Braxton, se le identifica como líder de un grupo de narcotraficantes y se le relaciona con la tala ilegal de los bosques. Tiene una orden de aprehensión desde 2018.

Como él, cientos de delincuentes operan libremente en varias regiones del país. Al respecto, el Sistema Universitario Jesuita señaló, en un comunicado, que el triple homicidio refleja “lo normalizada que está la descomposición y la violencia en regiones enteras de México, donde, ante un Estado ausente, grupos armados reinan sembrando terror y angustia”.

Los criminales se dan el lujo de transitar en caravanas, de portar uniformes con logotipos de sus organizaciones, de colocar retenes permanentes en carreteras y de hacer ostentación de ello en videos que circulan por las redes sociales. Sin que se les aplique la ley cobran derecho de piso, extorsionan, secuestran, matan y desaparecen gente.

Así ocurrió con las víctimas de Cerocahui. Los criminales se llevaron los cuerpos. A diferencia de la mayoría de otros casos, en esta ocasión las autoridades sí los buscaron y sí los encontraron.

No es el primer asesinato que se comete en un templo. En mayo pasado delincuentes que perseguían a un hombre que se refugió en una iglesia de Fresnillo, Zacatecas, dispararon dentro del recinto y mataron a un niño de 2 años. Tampoco son los únicos sacerdotes asesinados. Van al menos siete en este sexenio.

Luego del asesinato de los jesuitas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no cambiará su estrategia porque, aseguró, está funcionando.

El sábado en la misa de cuerpo presente de los sacerdotes, el provincial de los Jesuitas, Luis Gerardo Moro, S. J., dijo: “La sangre de Pedro, Javier y Joaquín se une al río de sangre que corre por el país, exigimos a las autoridades que cumplan con su vocación y deber (…) llamamos a un diálogo nacional, a dejar de agudizar la polarización del país, a construir puentes para encontrar caminos de paz”.

El padre Javier Ávila, S. J. compañero de los asesinados, expresó: “Respetuosamente, pedimos, señor presidente, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país invadido por la violencia y por la impunidad. (…) Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”.

Ojalá que esta vez el presidente sí escuche y se abra al diálogo. Hasta ahora no ha atendido llamados similares de víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y especialistas, a quienes, por el contrario, descalifica. Ojalá que la oposición vaya más allá de aprovechar el caso para golpetear. Ojalá también que el círculo cercano al presidente y sus seguidores le ayuden a entender que rectificar una decisión no es muestra de debilidad política, sino que es parte de los ajustes que deben realizarse en función del contexto.

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