Militarización: una amenaza

Uno de los eventos más importantes en el país es el grito de independencia. En este año, casi 30 municipios en siete estados de México cancelaron los festejos: 12 en Chiapas, seis en Sinaloa, seis en Nuevo León, dos en Durango y uno en Michoacán, en Guanajuato y en Oaxaca.

Aun cuando en el propio desfile militar liderado por el presidente de la República participaron 15 mil 688 integrantes de las tres Fuerzas Armadas y Guardia Nacional (GN), más los desplegados en las entidades federativas, esto no ha sido suficiente para disminuir la incidencia de delitos de alto impacto en el país. Esto se evidencia en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2024, la cual estimó que, en 2023, en 10.6 millones de hogares, al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito.

El número de víctimas de 18 años y más se estimó en 21.9 millones, equivalente a una tasa de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Las tasas más altas de delitos se registraron en el Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México.

Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo, extorsión. Las mujeres fueron las más vulneradas en cuanto a delitos sexuales, con una tasa de incidencia de 4 mil 290 delitos por cada 100 mil. En 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4 por ciento se denunció. El Ministerio Público o fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación en 68.0 por ciento de estas denuncias. Del total de delitos ocurridos, 92.9 por ciento no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra). Las razones para no denunciar se atribuyeron a la autoridad, debido a pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles.

Además, la GN es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto principalmente obedece a que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se implementó la denominada política militarista, que profundizó en la intervención de fuerzas armadas en la seguridad pública. La reciente reforma a la carta magna deja al país sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes. Recordemos que pese a la militarización desde 2006, esta estrategia no significó una disminución de la criminalidad, aunado a esto la reforma no incluye la supervisión civil de la Sedena. Otras preocupaciones adicionales son el incremento de vulneraciones a los derechos humanos, opacidad, falta de rendición de cuentas y fiscalización, así como el aislamiento de las policías estatales y municipales en lo que respecta a la coordinación con las Fuerzas Armadas. La conclusión es que la GN, ni civil ni militarizada, resolvió ni resolverá la grave crisis de inseguridad que vivimos en el país.

*Doctora en Derecho

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