Anomia social

La anomia social es un concepto acuñado por Émile Durkheim. Se refiere a la ausencia de normas o valores sociales claros que regulen el comportamiento y las expectativas de las personas, lo que puede generar desorientación, desorganización y pesimismo social.

México cuenta con características específicas de la anomia social, como el debilitamiento de la normas sociales y valores, la desorganización social, la relación intrínseca con la criminalidad, la desigualdad social extrema y la pérdida de confianza en las instituciones. Esto se relaciona directamente con la reciente petición que realizó la consultora solidaria y la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas, con 18 casos acontecidos en México en el que se evidenció que no existe una investigación exhaustiva que identifique los fragmentos encontrados en diferentes hechos y objetos.

Ante estas alegaciones y especialmente sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, el comité solicitó al Estado mexicano resguardar el predio, así como todos los restos óseos y datos de prueba encontrados en el rancho, y realizar la búsqueda e investigación de las autoridades con la participación de las familias víctimas, así como realizar el análisis genético de los fragmentos para su identificación; instó a la comparación de resultados con perfiles genéticos de personas desaparecidas y elaborar el análisis de contexto para determinar patrones, motivos, modus operandi, perfiles de las personas desaparecidas y particularidades de la región que puedan explicar el fenómeno de reclutamiento forzado, tortura y desaparición.

Este procedimiento es inédito en la historia de México y en la del propio comité, pues es el mecanismo más extremo con el que este cuenta; es la primera vez que se activa contra un Estado parte y abre al escrutinio internacional la inacción del Estado mexicano ante la crisis de desapariciones. La importancia del procedimiento radica en que el comité puede concluir que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas, con la posibilidad real de que, de acuerdo con el derecho internacional, se pueda calificar como un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado y reconocerse a nivel internacional que en México se cometen atrocidades con pleno conocimiento e intención de hacer daño.

El hecho de que se active este mecanismo por un organismo internacional podría haberse evitado si se hubiera atendido la recomendación que realizo el comité en su visita a México en 2021, cuando sugirió que se implementara de manera eficiente la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones.

Lo más importante es que el Estado mexicano reconozca la existencia de la grave problemática y otorgue información fidedigna sobre las 125 mil personas desaparecidas contabilizadas hasta septiembre de 2024, en donde México se ubicaba en el primer lugar en Acciones Urgentes ante el comité, con más de 681 de los mil 835 casos tramitados por familiares de víctimas de 30 países.

Independientemente del procedimiento instaurado por el comité, es urgente la revisión de la Ley General en materia de desaparición, atendiendo a las necesidades de las y los colectivos, recuperando las experiencias y voz de las familias víctimas, así como considerar la protección de quienes participan de manera activa como personas buscadoras.

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