Acusan a la Guardia Civil de Michoacán de montaje y robo

Un juez federal ordenó la liberación de Jesús Rivera Aguirre, alias "La Hamburguesa", presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y tres de sus supuestos lugartenientes, tras determinarse que su detención estuvo basada en pruebas falsas y violaciones al debido proceso por parte de la Guardia Civil de Michoacán.

El juez Rubén García Mateos señaló que los agentes estatales ingresaron sin orden de cateo a un inmueble, justificando su actuación con la falsa declaración de haber sido emboscados. En el operativo, sometieron y presuntamente torturaron a un adulto mayor y a una menor de edad. Además, revisaron ilegalmente una camioneta Ford, la cual reportaron como encontrada en la calle cuando en realidad fue extraída de un domicilio sin autorización judicial.

Las autoridades estatales también aseguraron haber encontrado cartuchos útiles y metanfetaminas en un domicilio donde se reportó un altar a la Santa Muerte, pero el juez evidenció que dicho altar se encontraba en otra ubicación no relacionada con la orden de cateo.

Un peritaje de la FGR determinó que Rivera Aguirre no disparó arma de fuego alguna el día de su detención, contradiciendo la versión oficial. Además, el capo denunció que los agentes le robaron un millón de pesos, dinero que no fue reportado en el informe policial.

El juez resolvió que la Guardia Civil incurrió en presuntos actos de tortura, simulación de pruebas y robo durante el operativo del 25 de febrero en Zacapu, Michoacán, donde las autoridades afirmaron haber asegurado drogas y armamento.

Durante la audiencia del 5 de marzo, testigos denunciaron agresiones por parte de los agentes y la destrucción de al menos dos cámaras de videograbación cercanas a los domicilios intervenidos. Además, se desestimó la supuesta emboscada contra agentes estatales, pues no se encontraron indicios balísticos en el lugar.

El juez concluyó que se transgredieron los principios de presunción de inocencia y debido proceso, además de violar la inviolabilidad del domicilio. También consideró que se presentaron falsos testimonios, simulación de pruebas, posible tortura y actos contra la dignidad de los detenidos, incluyendo a una menor de edad.

GR