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Quinto Patio

En 2013, el ahora gobernador Enrique Alfaro criticó duramente el crédito que por casi 2 mil 500 millones de pesos aprobaron en el Congreso del Estado los diputados del PAN y el PRI. Igual hizo el ahora líder nacional naranja, Clemente Castañeda, como diputado local. Y ahora que Alfaro endeudó más a Jalisco y busca hacerlo hasta las manitas con otros 6 mil 200 milloncitos, los legisladores de Movimiento Ciudadano y adláteres lo aprobarán. La historia del poder es la repetición de lo criticable, pero con los actores que criticaban. 

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En manos de la alcaldesa de Juanacatlán, Adriana Cortés González, esa misma que se negaba a borrar del mapa el proyecto de la termoeléctrica en su municipio y que dijo a sus habitantes que deben aprender a vivir con la contaminación, estará la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM) durante el proceso de aprobación de un Plan de Acción Climática para la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿Nos vamos olvidando de un plan que busque la transición energética? Al cabo que tenemos que aprender a vivir en medio de un ambiente con aire contaminado y con una temperatura cada vez más alta. Así las cosas. 

Aunque total, a lo mejor sólo sesionan un par de veces durante su proceso y ni alcanza a estar el Plan de Acción Climática, con eso de que se reúnen de manera ordinaria cada tres meses y el periodo sólo es de seis meses, pues saque lápiz. Recordemos que la última sesión ordinaria fue en febrero y que los alcaldes metropolitanos suelen enviar a representantes. Eso sí, la sesión de ayer le facilitó su informe al alcalde tapatío, Ismael del Toro, que se despidió de la presidencia de la JCM, y sólo necesitó de un par de minutos para informar de tooodo lo que hicieron en los últimos seis meses. O sea… 

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Aunque los acusan de ser un sindicato chiquito, los agremiados del Poder Judicial en el conocido como Unión han estado insistiendo en que a los empleados les den seguridad sanitaria. Ayer se expresaron con unas lonas en los edificios. El secretario general del sindicato, Tomás Pedroza, asegura que alrededor de 80 por ciento de los funcionarios de la Ciudad Judicial y de Puente Grande están afiliados a su organización, pero en el Consejo de la Judicatura dicen que no, que solamente son como 10 por ciento. Ah, pero eso sí, que han luchado legítimamente por obtener medidas de salubridad. 

Por ahora la mayoría de las actividades judiciales están paralizadas, pero el plazo de suspensión termina el 29 de mayo. Eso si no lo vuelven a cambiar. Estarían reabriendo el 1 de junio. Y tanto el personal de la Judicatura como los miembros del sindicato concuerdan en que no hay las condiciones para garantizar el derecho humano a la salud de los empleados y a lo mejor ni siquiera del público. ¿Dónde hemos oído, visto y comprobado eso? Mmmmm… 

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La situación de las personas privadas de la libertad en las instalaciones penitenciarias de Puente Grande es un asunto de derechos humanos. Ahí sí que, dicho con respeto, ni para dónde escabullirse o para dónde buscar un reacomodo para alejarse de una posible infección. La cosa es que la información de lo que ahí ocurre es limitada. 

Ayer el gobierno estatal informó en comunicado de prensa que 35 internos del Reclusorio Preventivo (RPM) están recuperados del Covid-19 y que la intervención de la Secretaría de Salud y la estrategia Radar Jalisco fue o-por-tu-na. Ok. Que el RPM tiene hospital. Ok. Que desde el 9 de abril se detectó el primer contagio y que cada uno de los casos se han atendido con base en el protocolo y lineamientos federales. Ok. Que Jalisco es el único estado que aplica pruebas. Ok. Peeeroooo, ¿cuántos internos han sido infectados?, ¿cuántos son sospechosos de serlo?, ¿dónde los aislaron?, ¿qué información se ha dado a sus familiares?, y demás, ¡pos, sabe! 

qp@ntrguadalajara.com

jl/I