La amnistía que viene

La palabra amnistía se deriva de un vocablo griego que significa olvido. Incorporado este término al proceso penal, se refiere a la condonación de la pena en delitos de carácter político o del fuero común. 

Al dar a conocer la intención de otorgar una amnistía, antes del 15 de septiembre, es una esperanza, sin duda, para las personas con enfermedad crónica de más de 65 años, de 75 años en adelante que no hayan cometido delitos graves, para los torturados y los que están encarcelados por más de 10 años en espera de juzgamiento y de sentencia. 

La sociología del delito en México nos muestra que a las cárceles ingresan esencialmente los pobres y excluidos. Si el delito es de cuello blanco, su capacidad financiera o los apoyos políticos o mediáticos hacen probable que no se llegue a ingresar en prisión, aunque se hayan cometido delitos probados, o en todo caso, la estancia en ella será mucho más breve y llevadera que la condena que terminan pagando los delincuentes sin medios económicos. 

La estadística del Sistema Penitenciario Nacional refiere que en México hay 220 mil 393 personas privadas de libertad en 288 cárceles, de ellas 94 mil 159 no tienen sentencia; es decir, 42.7 por ciento del total, están en la fase de prisión preventiva. 

En Jalisco existe una población carcelaria de 13 mil 387 internos en 12 centros penitenciarios, cuatro de ellos metropolitanos, que albergan a 87 por ciento de los presos en la entidad. Aquí los procesados son 8 mil 428 por apenas 4 mil 959 sentenciados. El 62.9 por ciento no tiene sentencia. 

Una de las contradicciones es que en esta administración ha crecido el encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia. Al menos cuatro de cada 10 personas presas está privada de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito. 

El fondo del problema, según los penalistas, es que el actual gobierno ha materializado y fortalecido la figura de encarcelamiento preventivo como sinónimo de justicia. La cárcel preventiva se justificó inicialmente como una medida excepcional para delitos de alta gravedad pero que, con el paso de los años, se ha ido ampliando cada vez a más delitos, todo con la finalidad de cubrir el déficit que hay en la capacidad de investigación de las fiscalías en México. 

Para el especialista en temas de seguridad y justicia Héctor Soto García se tienen que cambiar los paradigmas de la persecución de los delitos y de la concepción de la seguridad. “Se necesita cambiar el chip, hay que investigar para capturar, no al revés”. 

En otras palabras, en México, primero se castiga y luego se juzga. Lo que se pone en cuestión es todo el sistema penal, el sistema de juzgamiento, el obrar del Poder Judicial y de los ministerios públicos. 

El académico Soto García cuestiona: “Por cada persona detenida hay un fiscal o un ministerio público que solicitó esa prisión, y un juez que la dictaminó y la autorizó. Qué va a pasar con el fiscal que no le dio seguimiento al caso, y que no llegó a juicio; qué va a pasar con el juez que aceptó la solicitud del fiscal o del ministerio público y le quitó la libertad a una persona, por 10 años y sin que nadie hiciera nada, ¿por qué alguien le quitó la libertad a una persona, sin los suficientes elementos y sin concluir el proceso de juzgamiento y sentencia?”. 

En conclusión, parece un signo de buena voluntad del presidente que abona a la justicia. Sin embargo, en el contexto de la corrupción dominante en todo el sistema judicial, se corre el riesgo de excarcelar a delincuentes, como secuestradores y asesinos, alegando tortura. 

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