Busquemos nuestro punto de inflexión

A finales del año pasado, en una reunión en Guadalajara con políticos y periodistas, un funcionario colombiano, quien ostenta un cargo importante en el proceso de paz de ese país, fue cuestionado sobre cuál fue el punto de inflexión en Colombia para que el tema del narcotráfico y de la guerrilla fuera tomado como una prioridad y comenzara a idearse una estrategia para reducir la violencia.

Su respuesta fue que esa violencia comenzó a afectar a quienes tienen poder económico y político.

Esa respuesta, lejos de permitir calcular que algo similar suceda en Jalisco o en México en general, solo nos da desesperanza. Porque solo por citar el ejemplo de nuestra entidad, en Puerto Vallarta, con apenas unas semanas de diferencia, en 2020 fueron asesinados el empresario Felipe Tomé y el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Y nosotros seguimos igual.

No solo eso, se han sucedido uno tras otro hechos en que jóvenes cuya vida no tiene punto de encuentro con la delincuencia organizada han desaparecido, han sido asesinados y/o sus cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas. Y nosotros seguimos igual.

Esos hechos, que nos muestran nuestra vulnerabilidad como sociedad, que nos exhiben expuestos a las decisiones de la delincuencia organizada, no han movido un ápice nuestras condiciones, por más indignados y tocados que nos sintamos. Y lo que es peor, tampoco han servido para que nuestras autoridades admitan su fallida estrategia o para que al menos, de cara a los ciudadanos, admitan que tenemos una crisis de inseguridad.

Ante esto, lo único que nos queda como ciudadanos es replegarnos, encontrar nosotros mismos mecanismos de protección que nos alejen lo más posible de la mano de la violencia.

Después de la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de Viviana, Daniel, Paola y José Melesio, el presidente municipal de Colotlán, José Julián Quezada, pidió a la población no salir de sus casas y menos del municipio cuando oscurece. La declaración causó polémica, porque lejos de un toque de queda, cualquiera esperaría que la autoridad garantice la seguridad de su pueblo.

Pero ya hace tiempo todos sabemos que los municipios fueron rebasados por la delincuencia organizada y que efectivamente no tienen condiciones para garantizar la seguridad a la población. Su llamado es igual que el de un padre que niega el permiso para que sus hijos salgan a un bar por la noche porque sabe el riesgo que la calle implica; no es lo ideal, pero termina siendo la única opción.

Por su parte, las autoridades estatales han optado por negar que la violencia existe y que el crimen organizado tiene el control de una parte importante del territorio de Jalisco. Cuando la violencia es evidente, también está la opción de culpar a otras entidades, como sucedió con el caso Colotlán o antes con los hechos violentos en Mazamitla.

En cuanto al gobierno federal, el gran despliegue que se ha anunciado de manera permanente de elementos de la Guardia Nacional no cambia la realidad porque incluso ellos han sufrido bajas importantes al enfrentarse al poder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

A todo lo anterior, sumamos la mala noticia que siempre implica que se acerque un proceso electoral, donde las autoridades y la oposición se vuelcan en la absurda guerra entre ellas y se olvidan por completo de los ciudadanos, lo cual ya empezamos a observar.

La violencia en la que vivimos y a la que tratamos de adaptarnos reduciendo al máximo nuestra exposición no es normal y no podemos concebirla de esa manera. Y, aunque nuestras autoridades no parecen encontrar en ninguno de los hechos que se han registrado ese punto de inflexión que necesitamos para hacer un alto, como sociedad debemos tener a la mano un “hasta aquí”.

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