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La Guía para Garantizar la Libertad de Expresión frente a la Desinformación deliberada en Contextos Electorales, elaborada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ofrece recomendaciones y buenas prácticas para afrontar la desinformación intencional en procesos como el que vive México. Están hechas como anillo al dedo para actores de los comicios en marcha. Por ejemplo:
1. Para el Poder Ejecutivo y altos funcionarios, en el punto “recordar las responsabilidades especiales que les cabe en el ejercicio de su propia libertad de expresión”, que no cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador, está: “(…) los funcionarios públicos deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios de comunicación recurriendo a etiquetas que remitan a las llamadas noticias falsas o fake news u otros calificativos que los desacrediten y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”.
2. Para las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en la recomendación “capacitar a los funcionarios públicos sobre el fenómeno de la desinformación”, indica: “Resulta fundamental que las autoridades electorales aseguren que todos los funcionarios públicos relevantes en el marco de un proceso electoral conozcan la problemática, sepan de antemano cuales son las acciones previstas ante la distribución de información falsa que busca engañar al electorado sobre el proceso electoral, y que conozcan los procedimientos de acción previstos. En este sentido, resulta relevante que también se encuentren capacitadas las personas que participan de procesos de observación electoral, tanto internos como externos”.
3. Para los partidos políticos, en el punto “evitar campañas que utilicen información falsa”, que suelen no cumplir, recomienda: “(…) Resulta fundamental que los partidos políticos se abstengan de promover por sí mismos o por terceros, campañas de desinformación, lo que incluye el deber no sólo de no promoverlas voluntariamente, sino de verificar que ello no se haga de manera involuntaria, que los actores principales no contribuyan a la difusión de información falsa y que los militantes y activistas rechacen este tipo de prácticas”.
En pleno proceso electoral mexicano, a los ciudadanos se están dirigiendo millonarias campañas de manipulación para influir en su percepción política y, por tanto, de su intención del voto. Incluyen un alud de información intencionadamente falsa que proviene de distintos actores económico-políticos, que trasciende las plataformas y redes sociales. Desinformar es una práctica clave de los manipuladores profesionales.
La desinformación, en una primera aproximación al concepto, advierte la guía, consiste en “la difusión masiva de información falsa (a) con la intención de engañar al público y (b) a sabiendas de su falsedad”. Desinformar intencionadamente atenta contra el derecho a la información y la democracia.
Salvo las autoridades electorales y agencias verificadoras, actores del proceso electoral en México carecen de un programa o estrategia pública, con recursos, clara y medible, para combatir la desinformación deliberada. Incluso, no hacerlo los beneficia, como sucede con partidos políticos. Sin embargo, para medios de comunicación profesionales, fortalecer el periodismo de calidad frente a la desinformación, como propone la guía, refuerza que sean referentes de información confiable, veraz y oportuna, frente a los manipuladores de todo tipo.
@SergioRenedDios
JB