Quinto Patio

La decisión del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez de no reportar al registro nacional, desde 2022, los casos de personas desaparecidas, tuvo consecuencias para la asignación presupuestaria destinada a la Comisión de Búsqueda. El registro nacional es uno de los indicadores clave para determinar cuánto dinero le darán a cada estado para las acciones de búsqueda, con relación a la cantidad de personas desaparecidas que reportó al gobierno federal el año anterior. Jalisco no reportó y, por lo tanto, pese a haber tenido más de 3 mil reportes de personas desaparecidas y localizadas, fue de los estados con menos presupuesto asignado, pues en el registro nacional sólo figuraron 190 casos.

No sólo se trató de no contar; esto impactó en el presupuesto que debería ser dedicado a buscar a esas personas desaparecidas. Los colectivos y la ciudadanía tienen mucho que reclamarle a Alfaro.

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Temor a las autoridades policiales; falta de funcionamiento de las videocámaras de C5; carencias y omisiones en las dependencias que atienden desapariciones; falta de inmediatez en las búsquedas; que por tener desaparecidos la UdeG se sume a los trabajos son algunos reclamos de familiares y colectivos, quienes demandaron detectar a los servidores públicos que infiltró el crimen organizado, y evitar la revictimización de los familiares. Lo expusieron en la mesa de trabajo de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas del Congreso del Estado.

Las autoridades asistentes reconocieron que falta personal en el interior del estado; que es imperativo fortalecer la capacidad operativa, actualizar los softwares de reconocimiento facial y profesionalizar funcionarios. Hablaron legisladores de la comisión. Por ejemplo, la legisladora Montserrat Pérez Cisneros llamó a las autoridades federales a que atiendan la problemática y formen parte “de este ejercicio legislativo”, y la diputada Itzul Barrera Rodríguez lamentó la falta de vocación de los elementos de seguridad y pidió redefinir protocolos de actuación. Lo evidente: falta muchísimo por hacer; lo importante: localizar a los desaparecidos.

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El gobernador Pablo Lemus Navarro estuvo ayer en Lagos de Moreno para el arranque de la obra de ampliación de la delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), una de las exigencias de los colectivos de familias con desaparecidos de la zona. Adelantó que la semana próxima el director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, le presentará el plan para atender la crisis forense que vive Jalisco. Habrá presupuesto suficiente, prometió.

¿De qué tamaño es la crisis forense en Jalisco? El investigador universitario Víctor Manuel González Romero precisa: en lo que va de 2025 entran por día más cuerpos al Semefo que en 2024. Se pasó de 3.7 en promedio a cuatro diarios. Lo más grave es que cada día se identifican menos (1.8 contra 2.0), y se acumulan más cuerpos sin identificar (2.2 contra 1.7). De ese tamaño.

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El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, está vinculado con la incautación de millones de litros de combustible en Tamaulipas y Baja California, señala investigación de N+. Que hermano y sobrino del alcalde José Ascención Murguía aparecen como socios, apoderados y administradores de empresas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos a México. ¿Qué más está oculto?

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