Alfaro y la libertad de expresión

La semana pasada, cuando ya había terminado la entrevista con los medios de comunicación en la que fue cuestionado sobre el feminicidio de Vanesa Gaytán, el gobernador Enrique Alfaro regresó hasta donde se encontraba un grupo de reporteras y, alzando la voz, reclamó el tono de las preguntas. Como respuesta, encontró la exigencia de respeto al trabajo que realizan los medios de comunicación. Sin escuchar, se retiró molesto.

Ese mismo día su equipo de Comunicación Social se movió para pedir a algunos medios de comunicación un trato especial a la información sobre el feminicidio, con peticiones tan absurdas como que no se mencionara que los hechos se habían registrado frente a Casa Jalisco. Pero las características de los hechos ya habían superado el control del gobierno del estado y la información no sólo estaba en los medios locales, sino también en nacionales e internacionales.

Lo que llama la atención de esta anécdota es que a algunos funcionarios del gobierno del estado les preocupa más el impacto mediático de la violencia que se vive en Jalisco que la violencia. El mismo gobernador ha acusado a los medios de hacer “apología del delito” por publicar información y llevar un recuento de los ilícitos que se cometen en la entidad.

Desde que llegó a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga y, sobre todo, a partir de su paso por Guadalajara y ahora en el gobierno del estado, Enrique Alfaro dejó su estrategia de comunicación en manos de tres empresas que han acaparado la mayor parte de los recursos públicos destinados a difusión. Al interior de su equipo se asegura que la comunicación con el ciudadano es más directa de esa forma y que no se necesita a los medios tradicionales como puente con la población.

Pero eso no significa que renuncien a intentar tener control sobre los contenidos. Ya en la pasada administración de Guadalajara lograron que reporteros que les eran incómodos con su trabajo fueran cambiados de fuente o incluso que más de alguno perdiera su empleo.

Lo anterior, sin contar la descalificación constante del gobernador a los medios que son críticos de su trabajo o que simplemente no publican la información en los términos que le gustaría leerla. Nada más hay que recordar cuando llamó “basura” a varios periódicos.

Las agresiones a los medios de comunicación y el intento de control de información se han intensificado con la llegada al gobierno del estado. El mandatario no ha escatimado en descalificaciones a las publicaciones que no le gustan, mientras su equipo logra que noticias que le son incómodas ni siquiera se den a conocer en algunos medios, especialmente electrónicos, e incluso han logrado colocar primeras planas con los enfoques que él determina.

La libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos indispensables en una democracia y ambos están en riesgo permanente durante la actual administración estatal. Desde el poder, con recursos públicos o con presiones, el gobierno del estado ejerce censura, coloca información y pone en riesgo el empleo de reporteros que pretenden hacer su trabajo.

También se puede destacar que aun cuando el gobierno del estado ha rectificado o ha dado marcha atrás en algunas de las acciones que publicaron los medios de comunicación y que provocaron la molestia del mandatario, las descalificaciones hacia el periodismo se mantienen.

Este esquema no es nuevo en Jalisco. También en la pasada administración estatal desde la Dirección de Comunicación Social se incurrió en las mismas prácticas; sin embargo, en los primeros meses del actual gobierno las agresiones han sido de mayor intensidad y han cobrado más fuerza por el respaldo que tienen del gobernador Enrique Alfaro.

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JJ/I