Denuncian a 13 municipios aguacateros por cambio de uso de suelo

El cambio de uso de suelo forestal, con fines de plantación de aguacate o de la expansión de la frontera pecuaria y urbana, está detrás de algunos eventos desastrosos recientes tanto en el sur como en el centro de Jalisco, y en busca de eliminar incentivos perversos que lo alientan, el gobierno de Jalisco interpuso ayer una denuncia general por el ilegal desplazamiento de bosques sobre mil 573.8 hectáreas (ha) en 13 municipios del complejo volcánico de Colima y de la sierra del Tigre.

La presentación de las evidencias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) corrió a cargo de los secretarios general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza; de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez, la mañana de ayer.

“Es lo que hemos podido consolidar de manera que facilitamos que la autoridad federal cuente con los elementos para proceder conforme a derecho, pero es apenas una primera remesa que se irá ampliando con nuevos expedientes que integremos, pues el mensaje que se busca mandar es que no puede ser el cambio de uso de suelo el sistema por el cual el aguacate, que es un producto muy importante y genera vida económica en toda la región, se desarrolle”, advirtió a NTR el titular de la Semadet.

En una nota elaborada para justificar la presentación de la denuncia, la Semadet señala que “de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jalisco ha perdido aproximadamente 522 mil hectáreas de bosques y selvas, y 493 mil más sufrieron algún grado de degradación. 80 por ciento de la superficie deforestada corresponde a bosques de encino y selvas caducifolia, cuyos principales factores de pérdida son: la ganadería –con la instalación de pastizales–, el cultivo de agave y, recientemente, de aguacate”.

Una parte importante de la expansión de este cultivo “se dio presuntamente de manera ilegal sobre ecosistemas forestales. La pérdida de bosques y selvas impacta no solo en la pérdida de la biodiversidad, sino también en la erosión de suelos, lo que afecta la capacidad de los ecosistemas en la provisión de servicios ambientales como infiltración de agua al subsuelo, disminuye la recarga de los acuíferos y almacenes de carbono”, añadió Graf.

Por ello, el gobierno de Jalisco a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Semadet, la Sader y la Secretaría General de Gobierno (SGG), presentó la denuncia “con el principal objetivo de hacer que la autoridad competente, en este caso la Profepa, investigue estas acciones irregulares que han causado deterioro de los ecosistemas forestales de Jalisco”.

La denuncia está firmada por los tres titulares mencionados y por Macedonio Tamez Guajardo, coordinador estratégico de Seguridad.

“Se denuncian presuntas infracciones cometidas por quien o quienes resulten responsables de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización emitida por la autoridad federal competente; el daño y deterioro grave a los ecosistemas forestales; provocar incendios forestales (...) y demás contravenciones a la legislación de la materia”, añade la nota informativa.

Son denuncias concentradas en el Complejo Volcánico de Colima y la sierra del Tigre, en predios que corresponden a los municipios de Amacueca, Atoyac, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Quitupan, Tonila, Sayula, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande, principal centro urbano del sur del estado.

Las cifras del deterioro

•  Entre 2003 y 2017, las huertas aguacateras del sur de Jalisco pasaron de mil 260 hectáreas a 28 mil 833.5 hectáreas en las regiones sierra del Tigre y Complejo Volcánico de Colima
•  45 por ciento de ese cambio fue sobre bosques y selvas (12 mil 384 hectáreas), pero sólo se entregaron permisos para sustituir 660 ha, es decir, fue un proceso ilegal en 95 por ciento de la superficie afectada
•  La denuncia presentada ayer sólo abarca huertos transformados de bosque a partir de 2011, pero se pretende ampliar las denuncias con evidencias contundentes de cambios ilegales

jl