¡No a la termo en Juanacatlán! 

Ese fue el grito que más de un millar de personas lanzaron en la plaza central de la cabecera municipal de Juanacatlán, Jalisco, el 20 de noviembre. Fue su manera de celebrar un aniversario más de una Revolución mexicana que a ningún gobernante actual en México le interesa. Menos a la presidente municipal, Adriana Cortés González, quien hizo todo lo posible para evitar que se diera tal protesta. Entre otras cosas dio instrucciones para que se impidiera que los niños de las escuelas participaran en el desfile oficial de esta festividad tradicional. Por supuesto, ellos ya habían preparado su participación en el desfile y de pronto fueron avisados que no, que ahora la conmemoración de aquella revolución que sucedió hace ya más de un siglo sería puertas adentro de sus escuelas. No lo logró. Los niños salieron a la calle. Lo que ha logrado es aplazar la exigencia que le han planteado la mayoría de los regidores para discutir una solicitud de revocación de los acuerdos del ayuntamiento de fechas 16 de abril, 29 de agosto y 26 de septiembre de 2018 en torno al cambio de uso de suelo para el paso de un gasoducto y respecto de la consulta popular del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de Juanacatlán. 

Claro que no estaba de acuerdo en que las gentes y los regidores de Juanacatlán pongan en tela juicio estos acuerdos, que están permitiendo la instalación de un gasoducto y la construcción de la primera de varias plantas termoeléctricas que pretende montar en ese territorio que, apenas hace medio siglo, aún se consideraba como un paraíso natural. 

Ya se escuchaban los rumores. Ahora es una realidad que la planta se está construyendo en un predio de aproximadamente 25 hectáreas de un rancho de la familia Zermeño y la presidente municipal autorizó su construcción, violentando, como normalmente hacen las autoridades, el derecho que tienen los habitantes de cualquier población a ser consultados cuando se pretende realizar un megaproyecto que puede alterar su forma de vida y dañar los bienes naturales de su territorio. A nivel internacional este derecho está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el gobierno mexicano. 

En momentos de peligro como estos es pertinente recuperar la memoria histórica y recordar que originalmente éste era un solo territorio, era el mismo antes de 1943. Pero a partir de esa fecha fue divido por intereses de los grupos de poder. A partir de entonces, la división artificial introducida ente el Juanacatlán rural y El Salto urbano e industrial tuvo mucho peso hasta que, como señalé en mi columna de hace 15 días, los poderes económicos y políticos decidieron que estos territorios deberían ser una gran zona de sacrifico social en donde, sin problema y sin culpa alguna, desde la ciudad de Guadalajara se podría enviar la mayor parte de la basura y las aguas negras que producimos los más de 5 millones de habitantes. 

Los empresarios harían algo peor, podrían descargar sobre el cauce del río Santiago, sin tratamiento alguno, todos sus desechos industriales tóxicos, y ahora deciden montar plantas termoeléctricas que todos sabemos son muy contaminantes. Y como siempre, se procede violentando todos los derechos de las comunidades y sin la menor contemplación por la vida de la gente y las demás especies que por allá habitan. 

Alrededor de mil personas ya se movilizaron en contra. Desde luego, se debe estar atento, porque las autoridades seguirán haciendo lo posible para que esta resistencia social emergente no avance. 

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