Estadísticas y política 

Cuenta la Biblia que en una ocasión al rey David se le ocurrió hacer un censo de sus súbditos para poder saber con cuánta gente podía contar en caso de una guerra, y le encargó la tarea a uno de sus generales. Dicho general no estuvo de acuerdo con el rey, pues le parecía que hacer un censo era desconfiar de Dios, que era quien había hecho que el rey ganara en muchas batallas, y así se lo hizo saber, pero la orden no fue cambiada. El resultado fue que Dios se enojó, regañó a David, pero castigó al pueblo de una manera tan dura que el propio rey tuvo que pedirle disculpas a Dios. 

La moraleja de esta historia es que cualquiera que se ponga a elaborar estadísticas se va a meter en problemas, especialmente si sus intenciones no son del todo claras, pero lo más grave del caso es que será el pueblo quien pague las consecuencias. Al respecto se le atribuye al escritor estadounidense Mark Twain la siguiente afirmación: “Hay tres clases de mentiras: la mentira, la maldita mentira y las estadísticas”. 

Esto viene a cuento porque nuestra sociedad contemporánea no puede entenderse sin las estadísticas, su procesamiento e interpretación y su uso en la toma de decisiones. Sin embargo, tampoco podemos dejar de reconocer que las estadísticas suelen ser uno de los instrumentos favoritos de quienes tienen cargos públicos para convencernos de que las cosas son como ellos nos dicen. No está de más recordar que José Antonio Meade, siendo el secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, presumió que millones de personas habían dejado de ser pobres en ese sexenio, pero omitiendo el pequeño detalle de que él había cambiado la manera de medir la pobreza, y sólo por ese hecho millones de personas que antes eran consideradas pobres dejaron de considerarse como tales, aunque su situación fuera exactamente la misma. 

Esto viene a cuento porque recientemente, a raíz de la divulgación de los datos que se recabaron el año pasado referentes a los casos de desaparición de personas hubo una disputa entre Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de la República, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, debido a que en las estadísticas presentadas por Encinas, Jalisco reportó que hubo más de 2 mil casos de desaparición, un número de por sí elevado, pero aún más relevante si tomamos en cuenta que en todo el país se reportaron alrededor de 9 mil. Esta situación fue interpretada por Alfaro como un intento de descalificarlo políticamente como gobernante. 

Sin embargo, el CEPAD, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos hizo saber, también en estos días, que solicitó información a la fiscalía de Jalisco sobre el procedimiento que sigue para recabar los datos de personas desaparecidas, y su respuesta puso en evidencia que esa estadística no es confiable, porque no se construye utilizando una metodología adecuada. A eso habría que añadir que en los datos presentados por el gobierno federal no se deja en claro que varios estados no entregaron información, y hubo otros en que la información entregada no era confiable, por cuestiones similares a las de Jalisco. 

Todo esto no pasaría de ser un tema anecdótico, algo para reírnos a la hora de la comida, si no fuera porque no hablamos de números, sino de miles de personas que están sufriendo, mientras nuestras autoridades están jugando con las cifras, tratando de demostrar quién tiene la razón, en vez de estar localizando a esas personas y llevando a cabo los procedimientos para sancionar a quienes son responsables de su desaparición, y asegurar que se repare ese daño. 

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