Las ambivalencias del TMEC

Estamos a punto de concretar el TMEC con Estados Unidos y Canadá. Esta semana será decisiva en el Congreso de la Unión y en las oficinas de gobierno, que harán lo imposible por armonizar la normatividad, programas, proyectos de diversos sectores. Necesitamos adecuar leyes y reglamentos para que embonen con las condiciones que impone el tratado para los tres países, pero no podemos ignorar que nos interesa quedar muy bien con Estados Unidos, y todo a la carrera. Con Canadá hay un interés real, pero secundario, y al parecer para los canadienses la relación con México puede ser importante, pero accesoria. 

A México le importa potenciar el intercambio comercial con Estados Unidos, que ya es de más de 80 por ciento, y muchas de las interacciones en marcha que se tienen con diversos estados, gobiernos y empresas de la unión americana necesitan reconocimiento legal. Nuestros presidentes tienen una relación envidiable, se caen muy bien, y Trump, particularmente se muestra condescendiente y hasta afectuoso con López Obrador, pero eso no le ha impedido lanzar una y otra vez iniciativas para desaparecer el programa DACA, que favorece a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. 

Tal es el empecinamiento de Trump contra los dreamers que, aun cuando la Suprema Corte de su país rechazó la “desaparición del DACA”, volverá a proponer que se acaben los programas de apoyo a ese sector de la población. Donald Trump quiere lo que hacen, su trabajo bueno y barato, pero no los quiere con plenos derechos. Los necesita para sostener la producción agropecuaria, manufacturera y muchos servicios en su país, pero no soporta que permanezcan en el territorio estadounidense con los mismos derechos, oportunidades y sus propios sueños de futuro, con los ciudadanos que tienen derechos consolidados, por no hablar de racismo y desprecio a las minorías que han hecho grande a su país. 

México, por su parte, muestra gran interés en lo que implica el TMEC en términos de legalizar el estatus de los mexicanos en cualquiera de los tres países, pero estamos aún lejos de que eso se traduzca –en los hechos– en el libre flujo de personas dentro de ese gran territorio y que las condiciones de trabajo se ajusten entre los países socios. A los trabajadores mexicanos les convendría una homologación en sus derechos y percepciones, pero a empresarios e inversionistas que han buscado a México, justo por el bajo costo de la mano de obra, no les parecerá tan conveniente cuando se les exija la homologación de condiciones de trabajo y salarios. 

Queda muy clara la conveniencia de un lado y otro de la frontera entre México y Estados Unidos, que formalizar y legalizar lo que interesa, conviene y hemos venido haciendo por décadas, potenciará a las economías de Norteamérica. Llevará tiempo para que los beneficios realmente sean para el bloque conjunto. Llevará tiempo consolidar las fortalezas que puedan lograrse como macrorregión, y hacer efectivas las ventajas que se esperan de las naciones asociadas dentro de la economía global, pero sobre todo que, ventajas y fortalezas, beneficien a los ciudadanos en sus ingresos, en la calidad de vida, así como en sus derechos sociales y políticos. 

Lo más difícil e importante seguirá siendo que además del libre flujo de mercancías y del dinero, se establezcan con claridad las condiciones para el libre tránsito de personas, de trabajadores y de sus familias, con derechos plenos. Las dificultades que eso puede acarrear no es un costo que Estados Unidos, como principal país beneficiado, esté dispuesto a asumir. 

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