Ya son 26 muertos por ataque en Irapuato

IRAPUATO. El miércoles por la tarde, había 31 jóvenes reunidos, como todas las noches, hablando sobre sus experiencias caóticas por la culpa de las drogas. Estaban por concluir con su reunión cuando un grupo de sicarios llegó en un auto rojo al centro de rehabilitación “Recuperando la vida”. Los hombres –aún no se sabe cuántos ni por orden de quién– entraron al inmueble y los obligaron a tirarse al suelo. A todos. Los apilaron y dispararon contra ellos con armas AR-15 calibre 223, dejando un saldo preliminar de 24 muertos y siete heridos. Terminando el trabajo, los sicarios huyeron. Ningún vecino vio nada, y si alguno vio algo, para cuando llegó la policía ya se les había olvidado. 

El día de ayer la cifra mortal aumentó a 27 y cinco heridos de gravedad 

El fusilamiento sucedió en el municipio de Irapuato, en Guanajuato. Las brutales imágenes difundidas en redes sociales muestran un deprimente sitio en la colonia Arandas –considerada como altamente problemática– en el que se ve una montaña de cuerpos ensangrentados. Este año, la guerra que enfrenta a los cárteles en Guanajuato se ha llevado por delante a un centenar de hombres en rehabilitación, casi todos jóvenes. 

FACHADAS O ANEXOS 

En la entidad operan 70 anexos, y no es la primera vez que se produce un ataque así. Hay quién dice que algunos de los hombres asesinados pertenecían a algún grupo delictivo, y también hay quien piensa que algunos de esos anexos, más que una labor rehabilitadora sirven a los cárteles de la droga para reclutar sicarios. 

El secretario de Seguridad del estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, comentó en su recuento de acciones, que la mayoría de los anexos atacados en la entidad no están regularizados. “Se sabe, por algunos casos, que no lo comentaré en particular ni con nombre, que pertenecen (los centros de rehabilitación) también a la delincuencia. Van, cometen sus fechorías y luego el lugar de resguardo es el propio anexo y por eso el grupo rival va y ataca”. 

En particular, en el anexo “Recuperando la vida” las autoridades no encontraron algún permiso para que pudiera operar, además de desconocer los programas y métodos que utilizaban. Los detalles revelados por familiares de las víctimas indican que el lugar cobraba 400 pesos semanales. 

“La mejor solución a los anexos es que todos trabajen conforme a la ley, que cuenten con su permiso municipal de desarrollo urbano, que estén dentro de cierta zonas, que haya conocimiento y autorización por parte de la Secretaría de Salud, que se conozcan sus protocolos porque nadie puede inventarse uno. Saber a quién se está tratando, los nombres de las personas, quién las llevó”, especificó Cabeza de Vaca. 

Las masacres en centros de rehabilitación se han convertido en un fenómeno agudizado, por lo cual el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío concluyó que los anexos en la entidad se limitarán a trabajar a puerta cerrada. 

El pasado 6 de junio, en la calle Eratzicutzio del municipio de Irapuato, 10 personas fueron asesinadas tras un ataque a un centro de rehabilitación de drogadictos. 

La ofensiva se produjo hacia las 16 horas, cuando un comando abordo de cuatro vehículos abrió fuego contra los internos del lugar llamado “Empezando nueva vida”, situado al centro de la entidad. 

La Secretaría de Seguridad Municipal informó que una veintena de hombres irrumpió en la casa habilitada como centro para rehabilitación de personas con adicciones y comenzó a disparar. Después de cuatro o cinco minutos de descargar sus armas, el grupo salió, abordó las camionetas y huyó. 

El 5 de diciembre del año pasado, más de una veintena de personas fue secuestrada de un centro de desintoxicación en el municipio de Irapuato. 

El centro de recuperación para drogadictos tenía un osado almacén donde se guardaban televisores robados. De acuerdo con medios locales, el sitio no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, pues aún estaba en trámite. 

SOSPECHAN DEL CSRL 

El consultor y asesor en materia de seguridad de Guanajuato, David Saucedo, entrevistado por Aristegui Noticias, señaló que, en este caso en particular, el anexo era controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Saucedo, quien ha analizado a fondo la problemática del crimen organizado en la región, relató que una sobreviviente de los hechos dijo que los sicarios que llegaron a atacar el anexo se identificaron como integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). 

Extraoficialmente se informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación se deslindó de los hechos a través de un comunicado. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre quién pudo ser el presunto responsable. 

Una posible conjetura de la masacre lleva a las represalias que la organización criminal de José Antonio Yépez, El Marro habría tomado contra sus acérrimos rivales del CJNG, que a últimas fechas ha realizado ataques a vulcanizadoras, en donde venden combustible robado y cristal azul del Cártel de Santa Rosa de Lima. 

Criminales aprovechan aislamiento 

CIUDAD DE MÉXICO. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó un documento en el que destapa toques de queda, amenazas a médicos, aislamiento y cobro de impuestos como medidas restrictivas que las bandas del crimen organizado impusieron en los estados por la emergencia sanitaria provocada por Covid-19. 

En el informe Observaciones sobre Violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, la dependencia detalló que en los municipios de Iguala y Petatlán, Guerrero, los criminales impusieron toques de queda del 19 al 25 de abril; misma situación que en los municipios de Culiacán y Los Mochis en Sinaloa. Además, en Petatlán, Guerrero, se sumaron amenazas a médicos del 3 al 9 de mayo. 

En el municipio de Tuxpan, Veracruz, del 26 de abril al 2 de mayo, las bandas criminales pidieron a las personas aislarse en sus casas, mientras que en el municipio de Santiago Ixcuintla en Nayarit, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo cobro de impuestos a los ciudadanos. 

Los gobiernos que han tenido más medidas como arrestos o sanciones administrativas para obligar a las personas a aislarse en la cuarentena, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit. 

La Segob detalló que en los meses de abril y mayo se registraron 103 agresiones a personal de salud, en 29 estados. Los estados que mayor número de éstas tienen son la Ciudad de México (19) y Jalisco (15), que concentran 33 por ciento de las agresiones registradas. Los ataques son por agresiones físicas, verbales y escritas. Redacción 

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