Quinto Patio

Pues resulta que quitar el mínimo de calificación a los aspirantes a magistrados y consejeros no causó ruido ni disgusto. No sólo todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, sino que parece que lo hubieran hecho con la sociedad civil organizada, ésa que critica y critica, pero que ahora no se quejó. Están de acuerdo en que era lo mejor quitar los mínimos, porque esperan que elijan a los más aptos para el cargo o los cinco mejores, como quedó en la reforma legal. Las convocatorias que hoy se aprobarán en la sesión de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado establecen que el mínimo para pasar será 60, es decir, de panzazo, como en la prepa. 

Habrá que revisar si no eligen a alguien con ese promedio. Un riesgo que pocos han advertido es la creación de los comités que pidió el Ceneval para elaborar el examen. Ya se integraron algunos, pero sus miembros son los mismos que son objeto de interés partidista o que quieren meter gente; entonces sí habría el riesgo de que se filtren no las preguntas, pero sí la base con la que se harán y los detalles difíciles a sortear. Hay dudas de que esto funcione, pero están advertidos que es la última carta. 

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¿Quién puede acompañar y orientar con calidad, sentido humanitario, delicadeza y un tono solidario a quienes buscan a un familiar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)? No quien tenga mentalidad de burócrata sin, obviamente, espíritu de servicio; sí quien haya pasado por la pena de rastrear el cuerpo de un hijo, un esposo, un sobrino o un padre o madre, y desee apoyar a otros. De ahí el valor de la acción emprendida por el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), que instaló un módulo de orientación en la explanada del IJCF. 

Encontrar una voz, una mirada, un saludo amigo, información precisa mientras se enfrenta la pesadilla no tiene precio. Ya lo dijo, a su manera, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández, al cortar el listón ayer para inaugurar el módulo. Cuando lo que sobresale en Jalisco es la indiferencia generalizada hacia las familias con desaparecidos es de apreciarse la labor del colectivo Fundej. 

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Primeras en tiempos de pandemia, las jornadas electorales en Coahuila e Hidalgo se realizaron ayer. Y en ésta segunda entidad se utilizaron 35 de las urnas electrónicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, que se instalaron en los municipios Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma y, claro, Pacucha de Soto, para renovar sus respectivos ayuntamientos. O sea, le echaron la mano al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). Aunque el IEPCJ también subió a redes sociales que fueron 45 urnas electrónicas. 

Diez más o diez menos, la cosa es que allá estuvieron consejeras y consejeros electorales locales como observadores del proceso, además del presidente del IEPCJ, Guillermo Alcaraz, y el fiscal antitransas electorales, Ricardo Suro. Lástima que, por una “falla técnica”, en Hidalgo les tronó el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) y aprovechando el viaje más vale que los funcionarios del IEPCJ tomen nota, para evitar pase lo mismo en junio de 2021 en Jalisco. Abusados. 

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Las precampañas electorales están cada vez más cerca, en poco más de dos meses y medio empiezan: del 4 de enero al 12 de febrero de 2021, y las campañas electorales serán del 4 de abril al 2 de junio. Los que desean aparecer en las boletas electorales andan ya gestionando, presionando, amarrando acuerdos y dándose a conocer para seguir viviendo del presupuesto estatal y federal. Tres añitos más a costa del erario no les caen mal. 

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