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Si el poder se detenta y se ostenta, alguien lo está haciendo para desafiar al Estado con una especie de microterrorismo manifestado en la vandalización de la infraestructura del Escudo Urbano C5 orquestada el viernes.
No se trata de una afrenta hacia el gobierno del estado, sino en contra del Estado mexicano. No se trata de un terrorismo internacional como el que sirvió para justificar una guerra por el control de recursos geoestratégicos hace 19 años. Ni siquiera es un terrorismo que tuviera la finalidad de causar muerte y destrucción o vulnerar severamente las instalaciones de seguridad.
Probablemente fue un ataque de ensayo. Pero también es un mensaje hacia la sociedad y hacia las instituciones del Estado mexicano de que hay alguien capaz de coordinar una ofensiva de manera simultánea en lugares a lo largo de toda la segunda ciudad más grande del país, sin que las corporaciones de seguridad hayan podido responder satisfactoriamente, sin que hayan podido lograr una sola detención.
El gobierno de Jalisco no dio a conocer la captura de uno solo de los responsables el viernes, cuando informó inicialmente de lo que ellos mismos llamaron “ataque orquestado”.
Pero la interpretación es absurdamente risible cuando convierten el ataque en un triunfo: “Los grupos delincuenciales buscan inhibir la respuesta del estado a partir de la inhabilitación de la infraestructura tecnológica, lo que es un fiel reflejo de que el trabajo que se realiza desde el C5 es efectivo”. No es un fiel reflejo de la efectividad del C5, sino todo lo contrario.
Los postes del Escudo Urbano con botón de emergencia por lo general tienen cámaras de videovigilancia en la parte superior que son monitoreadas día y noche por especialistas del C5 y de la Secretaría de Seguridad. Incluso, recientemente el gobierno estatal presumió que el C5 capacitó a personal de la secretaría y entregó estaciones de monitoreo para rastrear vehículos robados.
Se supone que el sistema de videovigilancia tiene la capacidad de detectar la actividad inusual en los lugares donde las cámaras están operando y que un operador humano puede entonces verificar qué es lo que está pasando. El gobierno ha presumido de persecuciones en las que el uso de las cámaras ha permitido dar seguimiento a sospechosos en fuga. Pero en este caso no fue así.
Ese tipo de operativos son posibles solamente en grandes avenidas como Lázaro Cárdenas o López Mateos, si los fugitivos las usan para tratar de escapar, porque ahí están instaladas las cámaras con cierta continuidad. Pero el resto de la ciudad carece de ese tipo de sincronía.
Mientras que en cualquier ciudad china hay cientos de miles de cámaras operando, de manera que incluso se puede dar seguimiento a una persona dentro de un edificio, en Jalisco tenemos apenas 6 mil cámaras y más de una décima parte permanece en avería permanentemente.
Y contrario al argumento oficial, no se trataba de un intento deliberado de “inhibir la respuesta” o “inhabilitar la infraestructura”. Queda claro que quien ordenó el ataque bien podría haber destruido los postes, pero no era su objetivo. También queda claro que la famosa coordinación interinstitucional es pura retórica.
Antes hemos vivido ataques de narcoterrorismo que conmocionaron no sólo la ciudad, sino todo el estado con bloqueos incendiarios y tiroteos simultáneos. En ellos también las autoridades que legítimamente ejercen el poder no han tenido mucho éxito tampoco. No queda claro si el ataque de vandalización del viernes tiene relación directa con ese tipo de organización criminal, y es algo que el gobierno deberá esclarecer e informar, pero es factible que vengan por más.
Twitter: @levario_j
jl/I