Quinto Patio

Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, a propósito de la fecha, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) “debe actuarse imperiosamente contra la violencia estructural de género” que padecen las mujeres, advierte la Encuesta Metropolitana de Género y Mujeres, producto del think tank Transversal y de Alternativa Consultores, levantada a finales de julio y principios de agosto. Van algunos resultados: en términos generales, los datos revelan que la forma de violencia que ha cobrado más víctimas en el AMG es la comunitaria, ya que 66 por ciento la han padecido, como sucede en las calles y el transporte público. 

Después se encuentra la violencia escolar y en pareja, ambas con 46 por ciento. Enseguida está la violencia laboral, con 31; obstétrica, con 26, y digital, con 24. Estas formas de violencia no son mutuamente excluyentes, “lo que significa que las mujeres pueden experimentar distintos tipos de violencia simultáneamente y/o a lo largo de su vida”. O sea, el AMG es insegura para las mujeres, que resienten distintas violencias. 

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Siguen las denuncias de violencia política en razón de género. Ayer, hasta las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) acudió la regidora morenista de Poncitlán Lilia Verónica Lomelí para interponer una denuncia contra el alcalde Luis Miguel Núñez. El motivo: violencia política; y es que, a decir de la edil, el presidente municipal y su gente impiden a toda costa que la funcionaria trabaje. 

Ella señala que ya le apagan el micro, ya le niegan información y que hasta le han gritoneado en plena sesión de cabildo. Harta de los actos machistas y de poderío, la regidora espera que el IEPC le haga tantito caso y proceda contra el alcalde. Nos recuerda esto a la denuncia de otra edil de Zapotlanejo. ¿No? 

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En pleno siglo 21 aún hay comunidades sin acceso a servicios básicos. Los indígenas son los que más sufren esta violencia estructural. Es el caso de San Lorenzo de Azqueltán, en la región norte, en Villa Guerrero. Ellos no cuentan con agua potable ni con drenaje. Su única fuente de abastecimiento era el río Bolaños, pero, como casi todos en Jalisco, ya está contaminado. 

¿Y las autoridades? Pues pareciera que las comunidades indígenas no son Jalisco. A los wixárikas-tepehuanos de allá los tienen abandonados. Si organizaciones civiles no toman la iniciativa de buscar un acercamiento gobierno-comunidad, el gobierno de Jalisco seguiría haciendo como que no existen. Al cabo son poquitos, sus votos no harán ganar a nadie. Por si no fuera poco, la inseguridad que padecen nadie la detiene. Por la lucha en defensa de sus tierras los comuneros han sido baleados, desaparecidos y torturados. Aun así, consiguieron su reconocimiento como comunidad autónoma e indígena hace siete años. Y allá siguen, olvidados. 

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No se quedaron conformes la legisladora priísta Sofía García ni la morenista Érika Pérez ante las justificaciones del titular de la Secretaría de la Hacienda Pública para la asignación de recursos presupuestales para 2021. Como eran muchas sus dudas, quedaron en que profundizarían más a detalle en mesas de trabajo con colaboradores del secretario Juan Partida. Y los tiempos apremian. 

La presidente de la mesa directiva del Congreso, Mara Robles, apuró a sus compañeros. Que ojalá se pueda tener el dictamen 48 horas antes del plazo establecido, “como dicta la norma”, para que se pueda discutir a plena luz del día y no en la madrugada, como siempre pasa. Luego no da chance de que los medios de información tengan los datos, y así qué van a imprimir, les decía. Para Mara Robles no hay duda de que se trata del momento legislativo más importante del año. 

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