El falso dilema: salud o educación

El falso debate entre las prioridades de salud o educación, no tiene cabida en el debate político actual, porque ambos elementos están contenidos como principios constitucionales básicos del esquema de los derechos humanos. En relación con el tema de salud, el artículo 4 de la Constitución de nuestro país señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”. Por otra parte, en lo relativo a la educación, el artículo 4 señala que: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional (…)”.

Establecer un esquema que dé preferencia a uno o a otro, no impera dentro de la lógica constitucional porque, el Estado está obligado a mantener las condiciones para garantizar los servicios de salud y educativos, a través de los órganos gubernamentales que tienen como fundamento, la doble perspectiva de su presencia, como derecho humano universal y como garantía constitucional.

El mantenimiento y proyección de ambos elementos no son productos de una excéntrica filantropía mal entendida, sino parte del pacto social a partir del cual se define la identidad del Estado en una dimensión representativa y democrática.

El binomio salud y educación representa uno de los ejes estratégicos que tienden a sobrellevar, en la mejor de las condiciones, el desarrollo de los espacios sociales que se deben estructurar para sobrellevar los complejos efectos de una pandemia, de la que conocimos su punto de inicio, pero respecto de la cual se demanda un trabajo de prospección que busque los equilibrios que se requerirán para el establecimiento de las estrategias de contención, control y proyección. No se trata solamente de un fenómeno que incluya únicamente una visión local, sino que se encuentra correlacionada con una dimensión de agenda internacional.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, en la que se planteaba la construcción de oportunidades para que los países y sus sociedades emprendan trabajos interdisciplinarios con la idea de integrar los nodos sociales y se logre un crecimiento con mayores condiciones de equidad y de fortalecimiento ciudadano en esquemas de libertad y democracia. La citada agenda, cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

En el caso de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Ciencias Ambientales, éste constituye un elemento central en las estrategias de educación con una proyección estructural en el tema del cambio climático, que se inscribe no solamente en los proyectos propios de las comunidades científicas de la universidad, sino dentro del esquema de los objetivos emanados del Acuerdo de París que, tienen por objeto, aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático. Se precisa pues, establecer un marco teórico y educativo para comprender los retos nuevos tecnológicos y mejorar el fomento de comprensión, desde la educación, de los retos que tiene el nuevo entorno de crecimiento mundial.

El mandato gubernamental se desarrolla con el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que marcan el ritmo y el carácter de los proyectos que tiene asegurada la sociedad desde la perspectiva de derechos ciudadanos. La sensatez se impone en las decisiones de política gubernamental.

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