El precio de la corrupción

Dos mil 700 pesos. ¿Qué podríamos comprar con esa cantidad? Tal vez alcanzaría para una despensa bien aprovechada o para la gasolina de un mes del auto familiar o para pagar las inscripciones o los útiles escolares. Bueno, pues 2 mil 700 pesos es lo que, en 2019, a cada jalisciense nos costó la corrupción. 

Estos datos son parte del cálculo hecho por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, y que el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos presentó esta semana como parte de su análisis Ciudadanía y gobierno. Dos que se conocen, pero ¿se mezclan? 

En este documento se utiliza la definición de Transparencia Internacional que señala que la corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado y representa una serie de acciones y prácticas en donde grupos o redes de personas evaden la legalidad para favorecer intereses privados, a través del desvío de recursos públicos o permitir que dichos intereses eludan el cumplimiento de las responsabilidades legales, administrativas o fiscales ante el Estado. 

En mis casi 40 años de vida no he logrado entender por completo la dinámica de corrupción. He leído a personas que han estudiado este fenómeno y hablan sobre una corrupción inherente al mexicano, mientras que otras dicen que se trata de un aspecto conductual, que se moldea a medida que crecemos según nuestras circunstancias. 

Yo creo que también toda la compleja red burocrática que rodea la relación del ciudadano con el Estado es tierra fértil para los actos de corrupción. Siempre habrá una trabajadora, un jefe, una conocida, un coyote que, “por una módica cantidad”, haga más sencillo el tortuoso y fastidioso camino de un trámite, la evasión de una multa, la omisión de pedir un documento que hace falta para solicitar un permiso… Y siempre hay alguien que decide pagarlo. 

Y precisamente sobre los factores que pueden determinar la corrupción, el Diagnóstico sobre Corrupción en Jalisco 2020, de Jalisco Cómo Vamos, refiere al poco compromiso cívico y la carencia de valores como factores que los encuestados mencionaron, seguidos por la falta de impartición de justicia y la impunidad. 

Me llama mucho la atención que 10.3 por ciento considera que hay corrupción porque precisamente no hay consecuencias sobre los actos relacionados con ésta, mientras que 9.8 refiere que se debe a la cantidad o el exceso de trámites públicos. Si me hubieran preguntado a mí, seguramente me habría decantado por alguna de estas dos opciones. 

El primer conocimiento que tuve de la corrupción fueron los agentes de tránsito. Desde adolescente sabía y conocía lo sencillo que era ese acto en un intercambio tan rápido como que un agente detuviera a un automovilista. No conozco a nadie que no haya participado de o visto directamente una escena que regularmente comienza con un “¿cómo nos podemos arreglar, jefe?” del conductor omiso y la aceptación a veces no tan discreta del servidor público de concretar ese arreglito. 

Sobre ello, el observatorio señala que, en cuanto a las experiencias de corrupción, quienes fueron encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mencionaron que, tanto en 2017 como en 2019, el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el que implicó un contacto con autoridades de seguridad pública. 

En una familia de cuatro integrantes, la corrupción les costó 10 mil 800 pesos, hayan o no sido partícipes de ella. Al final, da lo mismo que se trate de un gran constructor pagando el famoso diezmo para que le toque obra pública o la conductora que suelta un billete porque se pasó un alto, todo eso abona a seguir alimentando la corrupción. 

Y la impunidad. 

Twitter: @perlavelasco

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