Un reto para el Congreso de Jalisco

En estos días que acaba de comenzar a operar la Legislatura 63 del Congreso del Estado de Jalisco, la pregunta que se formula es qué podemos esperar de ella, dado lo mal que se desempeñó la anterior. De hecho, tener un mejor desempeño en términos democrático-institucionales será el gran reto que tendrán que enfrentar quienes representan al pueblo de Jalisco en esta legislatura. 

De acuerdo con el politólogo Josep M. Colomer, en Jalisco nos encontramos en una situación de “gobierno unificado”, dado que un solo partido político, Movimiento Ciudadano (MC), tiene control de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Y “cuando diferentes instituciones están en manos de un solo partido político disciplinado”, continúa explicando Colomer, “la institución más concentrada tiende a prevalecer”, es decir, en nuestro caso, el Ejecutivo, por ser una instancia de poder unipersonal, que puede tomar decisiones de una manera más ágil que una instancia como el Congreso, que no solo está compuesta por muchas personas, sino que además reúne a varios partidos políticos, aunque el del gobernador sea el mayoritario. 

De este modo, lo que podemos esperar es que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo sigan actuando como uno solo, como ocurrió en la pasada Legislatura, porque la separación de poderes prácticamente desapareció. Si, además, el triunfo electoral que confirmó la mayoría en el Congreso para el partido gobernante, ha sido interpretado por las propias diputadas y diputados de ese partido como un acto de respaldo al proyecto del gobernador, está claro que quienes nos representan tendrán pocas motivaciones para actuar de manera democrática, es decir, incluyente y participativa, y es más probable que impongan su mayoría, y traten de eliminar los contrapesos que estorban la concentración del poder. 

Y afirmo que MC es un partido disciplinado porque hemos podido observar el comportamiento de sus diputadas y diputados a lo largo de varios años: no hay disidencias abiertas y explícitas, sino, por el contrario, un claro acatamiento de las instrucciones de quien toma las decisiones dentro de su bancada. Actuar de manera distinta le puede resultar contraproducente a cualquiera, y, en cambio, aceptar la disciplina implica que se le ofrezcan nuevos puestos a quien lo haga. Lo hemos visto. 

Lo anterior es normal. Ninguna institución puede sobrevivir si premia la disidencia y castiga la obediencia, porque terminará disolviéndose. El problema es cuando alguno de los extremos prevalece, y en el caso del segundo, el riesgo es suprimir la libertad de pensamiento y de acción, lo que puede llevar a que el partido pierda su rumbo, y quede sometido a lo que su líder quiere, sin más proyecto que ese. 

Esa última situación nos lleva lejos de la democracia, y puede traducirse en una regresión institucional en muchos aspectos, como ya lo hemos atestiguado a lo largo de los tres últimos años. Las instancias de participación ciudadana se redujeron a consultas intrascendentes, en el sentido de que no hay manera de que cambien el sentido de decisiones previamente tomadas. 

Para mejorar su desempeño, el Congreso necesita apertura a la disidencia, a la crítica constructiva y a la participación ciudadana efectiva, lo que implica avanzar por la senda del Parlamento Abierto. 

Y a ese respecto, propongo un reto: invitar a integrantes de la sociedad civil y de la academia a participar de manera sustantiva en la glosa del tercer Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, para que formulen preguntas y cuestionamientos a quienes integran su gabinete, en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. 

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Twitter: @albayardo

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