Una iglesia que incomoda

En Nicaragua, la labor de la iglesia y de los obispos incomoda al poder, y son calificados por Daniel Ortega como “obispos terroristas” por caminar junto con su pueblo. La esposa, la señora Rosario Murillo, ha dicho directamente que los líderes religiosos no tienen derecho a levantar su voz en Nicaragua. 

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha criticado a la iglesia y la ha acusado de hacer política desde los púlpitos en favor de la oposición. “Diablos con sotanas” los ha llamado por su labor de defensa del pueblo y de sus derechos. 

En México, el panorama es igual. “Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. Es la afirmación del padre Jaime Ávila Aguirre, en la misa por los jesuitas asesinados, donde establece que la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia no da resultados, y remató: “Respetuosamente pido, señor presidente de la República, que revise su proyecto de seguridad pública; nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno acaben con la impunidad; son miles los dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación”. 

La reacción del presidente fue que no cambiará la estrategia de seguridad, porque él está de acuerdo con el papa Francisco de que la violencia genera más violencia, y argumenta que los jesuitas y la iglesia mexicana “No siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”. 

Lo que los obispos de México y los jesuitas solicitan es una reflexión profunda sobre lo que requieren la Sierra Tarahumara y el país para alcanzar la paz. 

Militarizar la Tarahumara o zonas en conflicto para generar “condiciones” de paz o incrementar los programas sociales sin perspectiva comunitaria no proporcionan soluciones a largo plazo. 

Ya es tiempo de que como ciudadanos nos convirtamos en constructores de paz en comunidad, a lograr nuevos acuerdos sociales de convivencia. Los jesuitas señalan: “Ya no más polarización en el país; es tiempo de construir puentes y atender las causas de la violencia”. 

Otro tema que incomoda al poder en el ámbito estatal es que la Iglesia católica tapatía llevó al debate público la realidad de que el crimen organizado se ha apoderado del norte del estado, al señalar el cardenal José Francisco Robles Ortega que fue detenido por dos retenes en un viaje pastoral a Totatiche y Villa Guerrero; le preguntaron quién era, de dónde venía y hacia qué lugar se dirigía. 

También reveló que los párrocos deben pedir permiso al “jefe de la plaza” para poder organizar fiestas patronales. Por cada autorización tienen que pagar al crimen 50 por ciento de los ingresos de las celebraciones. 

Como respuesta, el gobernador argumentó que en el estado de Jalisco no hay ningún tipo de retén de grupos criminales en las carreteras, por lo que “en este estado está garantizada la libertad de tránsito”, y enfatizó: “Creo que es muy importante hacer un llamado a hablar las cosas con cuidado y sin buscar generar una alarma en un asunto que me parece se debe de analizar en su justa dimensión”. 

Sin duda, la violencia, los asesinatos y la impunidad serán el Ayotzinapa que acompañará al Ejecutivo federal durante y después de su sexenio. El tema de los desaparecidos en Jalisco será el estigma del actual gobierno estatal. 

Se tiene que admitir que la estrategia de seguridad a nivel federal no funciona, no da resultados y hasta ahora no se ha logrado contener la violencia. Es fundamental que el presidente y el Ejecutivo estatal a nivel local dejen de justificar lo injustificable y sostener lo insostenible y replantear las estrategias de seguridad a nivel municipal, estatal y federal. 

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