Luz Raquel: cuando las instituciones fallan

Escribo esta columna sin tener todos los detalles del caso a la mano, pero los que ha podido conocer me permiten afirmar que el asesinato de Luz Raquel Padilla pone de manifiesto con mucha claridad que nuestras instituciones fallaron terriblemente.

Hasta el momento, lo que es claro es que Luz Raquel había denunciado tanto formalmente, como por medio de sus redes sociales, las amenazas de muerte que estaba recibiendo de un vecino, quien de hecho ya le había arrojado cloro industrial, y que, sin embargo, la comisaría de Zapopan, municipio en el que ella residía, no consideró esos hechos como motivo suficiente para otorgarle un pulso de vida, un aparato geolocalizador que le habría solicitar ayuda inmediata a la policía.

Y aquí me surgen las primeras preguntas, ¿por qué, si era tan evidente la amenaza, la Comisaría de Zapopan se negó a brindarle ese apoyo? ¿Cuáles son los criterios con los que operan? ¿Quién los determinó, y con base en qué? ¿O acaso se violó el procedimiento establecido, y se le negó indebidamente a Luz Raquel ese apoyo? Y si así fue, ¿quién lo permitió, por acción u omisión, y con qué motivos? ¿Por qué no se le envió a un refugio, en caso de que quien la amenazaba no pudiera ser localizado y detenido? ¿Por qué la abandonaron las autoridades?

Esto me lleva a otras preguntas, ¿por qué estaba en peligro la vida de Luz Raquel? ¿Realmente, como ha trascendido hasta el momento, su vida estaba bajo amenaza porque había un vecino que no toleraba los ruidos que hacía su hijo, en momentos en que tenía crisis derivadas de su situación de autismo? ¿Y cómo es posible que nuestras autoridades lo consintieran? ¿No había posibilidades de mediación? ¿Se debió, acaso, a que se trataba de un hombre amenazando a una mujer? ¿Y quien la amenazó, y tal vez cumplió su amenaza, lo hizo sabiendo que podría quedar impune?

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) consideró que hubo graves omisiones, y solicitó que, ahora sí, se atienda a la madre y el hijo de Luz Raquel, y se les brinde el apoyo necesario para las personas víctimas de la violencia en nuestro estado. Pero ¿a qué se debe que no intervino antes, cuando el daño podía prevenirse? ¿Qué otras situaciones parecidas no han sido detectadas por la CEDHJ, o ha sido omisa al respecto?

En fin, esta situación amerita un estudio, serio profundo e interdisciplinario, con el apoyo de la sociedad civil y la academia, por parte de la comisión de igualdad sustantiva y de género del Congreso de Jalisco, que preside la diputada Dolores López. Para empezar, deberían revisar qué rubros de la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ameritan ajustes, tanto por no estar en armonía con la ley general en la materia, como por estar rebasados por la realidad.

Además, esa comisión debería llamar a comparecer al fiscal general del Estado, para que dé cuentas de su política criminal con perspectiva de género orientada a la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos cometidos contra las mujeres.

De igual manera, debería llamar a cuentas a la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres sobre los resultados de sus investigaciones sobre las causas, características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, para utilizarlos en el diseño de las medidas pertinentes para la erradicación de dicha violencia.

Cuando las instituciones fallan, le corresponde al Poder Legislativo tomar cartas en el asunto, porque es quien puede y debe hacer los ajustes necesarios para que lo que le pasó a Luz Raquel no se vuelva a repetir.

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