Tren maya y seguridad nacional

A pesar de haber una suspensión definitiva declarada por el juez Adrián Novelo para continuar la construcción del tramo 5 del tren maya, las obras no han parado y, para evadir los amparos interpuestos, el gobierno federal ha decretado que dicha obra sea un asunto de seguridad nacional. Con base en el decretazo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Seguridad Nacional Pública (CSNP) resolvió este lunes que las obras del tren maya son de “interés nacional”. Esta decisión ha suscitado una gran variedad de comentarios, la mayoría en contra (salvo de los corifeos de la 4T). 

El CNSP es presidido por el presidente de la República y está compuesto por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el fiscal general de la República, los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México y el Comisionado Nacional de Seguridad. Entre sus atribuciones tiene el de tomar las acciones destinadas para preservar “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”; en especial, “el mantenimiento del orden constitucional”. 

El artículo 5 de la LSN establece cuáles son las amenazas a la misma. Lo más cercano a determinar este rubro es que la construcción del tren maya está en la fracción XII, donde se dispone que serán los “actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”, pero esto habla de destrucción, no lo contrario. Los demás son de auténtica seguridad nacional: espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, interferencia extranjera, quebrar la unidad de las partes integrantes de la Federación; etcétera. 

En ninguna parte de las consideraciones de la LSN determina que la construcción de un tren sirva para mantener la integridad nacional; esto es, se está fundamentando en el decreto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender (al menos parcialmente). Una de las reacciones inmediatas fue el de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC, al posicionarse mediante un desplegado donde se pide al presidente que “se utilicen los medios de impugnación contemplados en las normas generales aplicables al caso concreto”; esto es, que se apegue al estado de derecho. 

La declaración de seguridad nacional pretende pasar por alto el amparo definitivo concedido por el juez Novelo, que debió ser impugnado por el gobierno federal con pruebas de impacto ambiental y no se habían realizado. Por ello, AMLO, en su mañanera declaró que “Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”. 

La decisión de considerar la construcción del tren maya (como se hizo con el AIFA) de seguridad nacional se toma, no en apreciaciones de seguridad, sino de orden estrictamente político, pasando por encima de preceptos constitucionales y legales. Pero es una divisa de los actores políticos de la 4T; esto es, desdeñar las leyes (algunas de las cuales ellos mismos aprobaron) en aras de dar prioridad a la justicia (su concepción de justicia) por encima de la legislación. 

Por lo pronto, habremos de esperar a que, una vez aportados los dictámenes de impacto ambiental (que no dudo darán luz verde a la obra), el juez Novelo decida ya con las pruebas en la mano. Mientras tanto, estimular el turismo y el bienestar de la región es considerado como asunto de “seguridad nacional”. 

Twitter: @ismaelortizbarb

jl/I