¿En qué consiste la seguridad nacional?

En la actual administración, bajo el concepto de seguridad nacional, se han conferido una serie de proyectos en los que las obras de infraestructura han adquirido una relevancia mayor. De esta forma, el desarrollo del Aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de la refinería Dos Bocas, el tren maya, así como el encargo de sumarse al reparto de agua a través de pipas y, a mediano plazo, de la construcción del Acueducto El Cuchillo II, que suministrará de 5 mil litros de agua a Nuevo León, constituyen, entre otros, los principales temas en los que se ha definido la participación en la seguridad nacional. 

La semana pasada se experimentó un fenómeno de amplias y complejas proporciones generadas por grupos del crimen organizado, en el que en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, se vivieron jornadas de intervenciones violentas por parte de comandos criminales, sobre áreas de la población civil que, vistos en la secuencia temporal de los acontecimientos, podrían considerarse conectados, y respecto de los cuales las intervenciones de las fuerzas del orden se vieron en reacciones tardías y con estrategias que no definían la estructura y organización para enfrentar esa situación crítica. 

La organización del crimen organizado respecto a una intervención de las Fuerzas Armadas para intentar detener a un par de líderes de esos grupos criminales desató una reacción que abarcó un espacio de mayores proporciones que las del intento de detención de esos líderes. La proporción de respuesta definitivamente suscita una serie de preguntas respecto a la rápida forma de reacción de los grupos delincuenciales, en cuanto a las operaciones de las Fuerzas Armadas, que se vieron en inferioridad de recursos para atender una emergencia del tamaño y naturaleza de la crisis de la semana pasada. 

Sumado a la complejidad de los escenarios vividos, a la ausencia de información clara sobre los eventos, la alcaldesa de Tijuana contribuyó a intensificar la incertidumbre institucional al respecto. Sobre los eventos en esa ciudad fronteriza señaló que: “No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas (...) les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben”. Con esas declaraciones, definitivamente hay una contradicción fundamental con los deberes del Estado contenidos en la Constitución de nuestro país. 

El pago de las facturas referidas no se trata de las contribuciones al SAT, sino al pago de los derechos de piso cobrados, al margen de los procesos institucionales del Estado, a ciudadanos que en el legítimo desarrollo de sus actividades, deben pagar, según la concepción tijuanense, los impuestos de grupos al margen de la ley, con lo que habría una renuncia del Estado al cumplimiento de las obligaciones y derechos consagrados en la Constitución, otorgando un beneficio de gestión a la delincuencia organizada. 

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se ha reportado que 22 mil 110 personas fueron desplazadas por la violencia en 2016; 20 mil 390, en 2017; 11 mil 491, en 2018; 8 mil 664, en 2019, y 9 mil 741, en 2020, además de los 44 mil 905 registrados en 2021, de forma preliminar. 

Las obras de infraestructura representan un tema de sustancial importancia de enorme contenido civil y no militar. La función civil no puede ser desarrollada por las instituciones militares que tienen funciones claramente establecidas en la Constitución. El gran tema pendiente relacionado con la estabilidad social y reducción de la criminalidad se mantiene como uno de los asuntos pendientes en los que no se trata del pasado, sino de las políticas que se han proyectado para abordar el problema. De esta forma queda la pregunta sobre, ¿en qué consiste la seguridad nacional? 

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