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Van a cumplir un año en el cargo y los diputados locales están quedando a deber a los jaliscienses en cuanto a los temas de derechos humanos y seguridad.
Ahora que se mostraron tan preocupados por los jaliscienses “ahorrando” recursos públicos por disminuir las prerrogativas a los partidos políticos en la reforma al artículo 13 constitucional, lo cual sabemos que es un discurso engañoso, están obligados a mostrar también ese mismo grado de interés en otorgar más recursos para la defensa de los derechos humanos fortaleciendo a los organismos que tienen que ver con ellos.
Aquí les lanzamos el reto de ser congruentes y que esos recursos que dicen nos ahorraron como jaliscienses, entonces los destinen mayoritariamente a temas como búsqueda de desaparecidos, seguridad, donación de órganos y otros de este corte.
En unos meses, la actual Legislatura deberá entrar al análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos estatal 2023, que será entregado por el gobierno del estado con la proyección de gasto que hace con el dinero de los jaliscienses, y en este punto es donde esperamos que los diputados locales sean tan proactivos como lo fueron con el financiamiento público a sus institutos políticos y puedan mostrar una postura clara respecto a los derechos humanos, la salud y la seguridad, que son los temas que más lastiman a la sociedad por la pérdida de vidas y el miedo con el que se vive.
Tenemos el antecedente del año pasado, que no hicieron cambios al proyecto presupuestal que presentó el mandatario estatal y casi lo dejaron igual, únicamente hicieron unos ajustes y dejaron muchos recursos sin etiquetar.
En este tema de análisis del Presupuesto de Egresos del estado es donde queremos y retamos a que mantengan esta visión proactiva por los jaliscienses y se animen sin temor al regaño a aumentar los recursos para los organismos que se dedican a la atención y búsqueda desaparecidos y de mejorar la seguridad, incluso crear programas que sean más efectivos que los actuales que no han dado resultados.
En esta etapa es donde deben ponerse creativos y analizar de arriba abajo las leyes para detectar cuál es la reforma que hace falta para hacer esos ajustes o crear nuevas leyes, cómo perfeccionar los programas para condicionarlos poniéndoles candados a los recursos a asignar y constatar que las políticas públicas funcionen.
En estos meses es cuando los diputados deben mostrar su interés por fortalecer y garantizar los derechos humanos, y ahora que insisten en que hicieron un gran ahorro de supuestamente más de 100 millones de pesos, queremos ver cómo los canalizan en proyectos para aminorar el flagelo de muchas familias en la búsqueda de sus seres queridos, en combatir la delincuencia, en conseguir un órgano, en vez de sólo ver y defender sus causas. Esta agenda es la más importante socialmente hablando.
Ahora sus prioridades deben ser cómo diseñar un presupuesto que le abone a encontrar a los que ya no están, a cómo bajar la estadística de los desaparecen sin importar sexo, edad o profesión para evitar que siga elevándose y cómo lograr dar seguridad a las familias.
Los diputados locales no pueden decir que son temas del Ejecutivo estatal o de los municipios porque ellos son los que deciden al final cómo se gasta el presupuesto del estado y pueden mandar llamar a todos los funcionarios que sean necesarios para la rendición de cuentas.
Tienen estas dos facultades y no las usan al 100 por ciento, sino que prefieren que les manden decir cómo actuar.
Un ejemplo claro de que estos temas no son su prioridad es el rezago que tienen en sacar la última ley del paquete de desaparecidos, la ley de víctimas que está en la congeladora desde la legislatura pasada, y que sigue pendiente junto con las mejoras a las otras leyes de desaparecidos.
jessipilar@gmail.com
JB