Sacar tijeras contra los supernumerarios

El problema de la nómina obesa del Congreso local tiene varias legislaturas, por lo que no sorprende. Y ante los hallazgos que un externo –el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)– tuvo que decirles en voz alta, sólo queda sacar las tijeras para recortar a los supernumerarios, pero… no quieren.

La Secretaría General del Poder Legislativo lleva toda la legislatura estudiando el caso; incluso especulamos que ya tiene la ruta a seguir y lo único que falta es convencer a los políticos, léase diputados y sus jefes, para operarla.

Todos los que conocen la maquinaria legislativa coinciden en que la nómina abultada se debe a los empleados que cada administración fue dejando para favorecer a sus familiares, conocidos y amigos con base, y ahora se le suman al problema los burócratas que quieren tener trabajando para ellos en cada trienio.

Aquí es donde se duplica la nómina, porque hablamos de casi mil 100 personas, de las cuales casi 600 son de base y el resto corresponde al personal que llega con los diputados.

El problema no se resolverá porque los propios dueños del Congreso por tres años insisten en que los empleados a su servicio llegan a ser insuficientes para sacar su trabajo y en los hechos se niegan a reducir la bolsa que tienen de contratación y la suben cada año.

Este año que apenas arranca no es la excepción; ya quieren aumentar en casi 100 mil pesos a la bolsa actual de 249 mil. Aquí es donde está el truco, porque los diputados locales contratan a personal que no tiene que checar tarjeta, que no le rinde cuentas a nadie más que a ellos y que no importa si las actividades que hacen son partidistas, personales o legislativas, porque no habrá nadie que se queje o les señale si hay abuso, improductividad o complicidad.

La libertad de meter y sacar personas es tan arbitraria que sólo basta con enviar oficios y hasta sirve de medida de castigo para quienes no quieran hacer lo que se les pide, y no porque no quieran trabajar, sino por ser actividades fuera del palacio legislativo que algunos diputados imponen como obligaciones laborales.

También ocurre que esta facilidad de despido permite la amenaza, a veces velada y a veces directa, de quitar la mitad, la tercera parte o lo que gusten del salario de su empleado si quieren mantenerse en la nómina. Dicen que este es un guardado propio o para campañas, y todos lo saben y se hacen de la vista gorda.

Y como pasa con los hechos de violencia, aquí nadie denuncia porque quien se queje, aunque sea de manera anónima, lo despiden y lo marginan de cualquier oferta laboral futura, así que lo único que les queda es apoquinar para prestar su nombre a cambio de una mínima paga con promesas a futuro, esto en el menor de los casos, o compartir el salario.

Todo eso sería ilegal, pero como no hay pruebas y no hay quejas, no pasa nada.

Esta situación tendría que formar parte de una investigación profunda que debería hacerse al interior del Poder Legislativo, porque a quienes más afecta es a los burócratas y a la institución por la carga económica y la impunidad.

Las tijeras deberían estarse afilando para decidir cuántos supernumerarios menos tendrá cada diputado y cada coordinación, cuántos recursos menos gastarán en la bolsa de diputado y cómo le harán para sustituir el trabajo con sólo el personal de base que, dicen y reiteran, es suficiente para hacer marchar este Congreso.

Ahora que hay menos sesiones de pleno y de comisión parece que también hay menos trabajo que reportar. Pero les duele el bolsillo, los intereses partidistas y sus compromisos electorales, y así no se puede avanzar.

Todo está en manos de los diputados locales para decidir la mejor ruta y poner el ejemplo a los futuros legisladores, y ojalá no los atropelle el tiempo.

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