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Critican postura del Senado ante la ONU

(Foto: Cuartoscuro)

La senadora priista Claudia Anaya cuestionó el pronunciamiento aprobado este martes por el Senado de la República, en el que se solicitó sancionar a Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, luego de que dicho organismo iniciara un procedimiento para analizar la situación de desapariciones en México.

Claudia Anaya recordó que México se unió voluntariamente a organismos como la ONU, aceptando sus mecanismos legales e institucionales, por lo que calificó como contradictorio e irresponsable intentar descalificar sus observaciones. “Lo que están diciendo es que tienen indicios de que la desaparición en México está sucediendo de manera sistemática y generalizada”, declaró en tribuna.

Señaló que el Comité no improvisa ni actúa por ocurrencias, sino que desde la década de 1960 lleva a cabo investigaciones, reuniones e informes con base en procedimientos rigurosos. A su vez, lamentó que el Senado, con mayoría oficialista, “se empeñe en negar esta realidad”.

"México tiene que reconocer que tiene un problema. El Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a los ciudadanos y puede haber incluso participación directa de agentes del Estado en esta crisis", advirtió.

Además, criticó que el gobierno y los legisladores de Morena actúan con soberbia, debido a sus mayorías parlamentarias, lo que impide construir una agenda seria y plural que enfrente la crisis de desapariciones. "Nos están regresando a la visión de un partido único y unilateral", subrayó.

En su intervención, también hizo un llamado a escuchar a las madres buscadoras y colectivos, antes de avanzar en reformas legales sobre desapariciones. “No somos todólogos. No estamos en todas partes. Por eso tenemos que escuchar a quienes sí enfrentan las dificultades todos los días”, declaró.

“Ante una modificación, tenemos que escuchar a los usuarios. Tenemos que saber en qué consiste este tormento para ayudar a resolver”, añadió.

Claudia Anaya concluyó que, lejos de confrontarse con organismos internacionales, México debe aprovechar sus diagnósticos y llamados de atención para fortalecer el Estado de derecho, garantizar justicia a las víctimas y avanzar hacia una solución real y humana frente a la creciente crisis de desapariciones forzadas.

GR