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Y resolver Magistraturas
A creerle
Los magistrados y jueces en Jalisco tendrán que someterse a exámenes de control de confianza cada cuatro años y, de no probarlos, tendrían sanciones que van desde la amonestación hasta la separación del cargo. Lo anterior quedó estipulado en la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que hoy podría ser avalada en el Congreso del Estado.
En la propuesta que será analizada por los diputados también se establece un nuevo sistema de evaluación del desempeño y cuál sería el pago para jueces y magistrados que llegan a la edad de retiro.
Los cambios a la ley orgánica completan la reforma judicial que entró en vigor la semana pasada al publicarse en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
En la iniciativa se prevé la creación de un centro de evaluación, cuyo director será nombrado por por dos terceras partes del Congreso para un periodo de cinco años sin posibilidad de reelección. El centro de evaluación tendrá autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión; cuando no haya titular del mismo, el secretario general del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) será encargado de despacho.
La reforma también integrará una comisión de ética y probidad e incorporaría lineamientos de género.
Según los cambios a la ley, los magistrados y jueces que no aprueben la evaluación de control de confianza serían sancionados con amonestación pública o privada; multa hasta por el equivalente a 10 mil unidades de medición y actualización (UMA); la suspensión sin goce de sueldo y la separación del cargo e inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.
También se señala que cuando un juez o magistrado no asista en dos ocasiones o más a los exámenes de evaluación de confianza podrá ser separado del cargo.
En lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño, se realizarán revisiones semestrales. En el caso de los magistrados, se tomarán en cuenta los asuntos que les son turnados y los que son resueltos; los asuntos turnados y resueltos en su sala; sus resoluciones dictadas en los términos de la ley; sus sentencias confirmadas o modificadas a través de juicios de amparo, así como las quejas que se presentan en su contra y el sentido en que se dictaminan.
Para los jueces, quienes sí pueden ser reelectos, además de las evaluaciones del desempeño se incluye la posibilidad de revisar la evolución de su patrimonio.
La probidad de los magistrados también será evaluada. Esta tarea la harán la comisión de ética por crear y el pleno del STJEJ, mientras que a los jueces los evaluará la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura y el pleno de este órgano.
HABRÁ COMPENSACIÓN
En la iniciativa también se determina cuál será el pago que sustituirá al haber de retiro eliminado en la reforma constitucional. Para que un magistrado pueda tener acceso a esta prestación tendrá que haber cumplido con el periodo para el que fue nombrado; no tener derecho a pensión y jubilación o por edad avanzada; no haber sido sancionado por falta grave y no tener otros ingresos salvo los relacionados con actividades docentes o de investigación.
La llamada pensión temporal consistirá en un pago equivalente a 75 por ciento del sueldo promedio del último año y la recibirán durante los 24 meses siguientes a su retiro. En los artículos transitorios se señala que los magistrados que fueron nombrados antes de la reforma constitucional tendrán que ser ratificados en el cargo para tener derecho a la pensión temporal
Para los jueces el pago será parecido al haber de retiro. Podrán recibir el equivalente a tres meses de sueldo mensual promedio del último año, así como 14 días de sueldo por cada año de servicio. Para tener acceso a este beneficio, los jueces tendrían que tener 75 años cumplidos, haber sido reelectos al menos en dos ocasiones y no tener sanciones por falta grave.
Evaluación de confianza
Haber de retiro
El Colegio de Abogados del Estado de Jalisco se pronunció en contra de la reciente reforma al Poder Judicial y solicitó su derogación.
El representante de la agrupación, José Luis Tello Ramírez, consideró que los exámenes de control de confianza para los juzgadores, entre ellos el de polígrafo, son instrumentos que “van al contrario del desarrollo personal y profesional de la persona, en la probidad, están violentando el artículo 1 de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales”.
Recordó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en contra de la evaluación poligráfica, al considerarla inconstitucional.
Tello Ramírez consideró que los ajustes a la ley orgánica del Poder Judicial, con los que diputados locales intentan conciliar diferencias con magistrados y jueces inconformes, no son suficientes, pues el problema de fondo es que las modificaciones ya se hicieron a nivel constitucional con la reforma.
Cuestionado sobre la posibilidad de que el colegio que encabeza proceda legalmente contra los cambios, comentó que no es su competencia y sólo magistrados o jueces pueden recurrir a la SCJN por ser los directamente afectados. Martha Hernández Fuentes
AHÍ SÍ. El legislador sí está de acuerdo en que los juzgadores presenten su declaración patrimonial. __________________
Para que magistrados y jueces no atoren la reforma judicial con amparos y controversias, el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Enrique Velázquez González, adelantó que propondrá retirar la prueba del polígrafo de la ley orgánica del Judicial.
De no quitarse el examen poligráfico, podría haber hasta “150 amparos” por parte del Poder Judicial, advirtió el perredista.
Actualmente, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) analiza interponer una controversia constitucional contra la reforma aprobada en junio y hecha oficial la semana pasada.
En lo que sí está de acuerdo el legislador es en que los miembros del Poder Judicial rindan su declaración patrimonial, de impuestos y de interés.
Un juez de Mascota y su secretario fueron suspendidos por 30 días, quedando bajo investigación en el Consejo de la Judicatura por la posible comisión de un delito y una falta administrativa.
Se trata del juez de lo civil del Décimo Quinto Partido Judicial de Jalisco, Francisco de Jesús Gabriel Meza Fregoso, y su secretario de acuerdos, Jesús Guillermo Serrano Frías.
La suspensión temporal correrá de hoy al 18 de octubre, con sus remuneraciones económicas garantizadas. Respecto al posible delito, sería el declarar inhábil un día que el pleno del consejo no había acordado; y sobre la falta administrativa, ambos habrían laborado menos horas de las que deberían sin causa justificada alguna.
A los dos se les indaga luego de que el Colegio de Abogados Sierra Occidental de Jalisco, AC, presentó una queja ante la Judicatura en la que se les acusa de haberse tomado la atribución de proclamar inhábil el día 13 de septiembre y cerrar las puertas del juzgado.
Antes, personal de visitaduría había detectado otras anomalías en Mascota durante una visita de inspección del 5 de septiembre, en la que recibieron algunas quejas.
La Secretaría Técnica del Órgano de Control de la Judicatura realizará los dictámenes para determinar la responsabilidad de los funcionarios judiciales.
La juez civil de Tala Rosa María Gamboa Atkinson sustituirá al suspendido.
JJ/I
