Triquiñuelas frente a la legalidad 

La semana pasada llamaron la atención dos casos en los que el poco cuidado a cuestiones de forma tuvo consecuencias que afectan a las instituciones democráticas y de paso a la sociedad jalisciense y mexicana. 

El primero tiene que ver con la postulación de Rosario Piedra Ibarra para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De entrada, López Obrador cometió el error de mostrar continuamente su preferencia por Piedra Ibarra frente a otras candidaturas, seguido del mayoriteo morenista en la Cámara alta. Un cúmulo de irregularidades fue señalado por legisladores de todas las fuerzas políticas, pero se continuó el proceso. 

Una vez designada Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, la renuncia de consejeras de la comisión –con amplia trayectoria y experiencia– como Mariclaire Acosta y otras tres consejeras, puso de manifiesto que más allá del proceso amañado, la imposición restará legitimidad a la CNDH como institución garante de los derechos humanos. La autonomía de la comisión y particularmente de su titular es fundamental para que haya interlocución válida y creíble frente a los diversos actores afanados en la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país.  

El segundo caso está como para historieta de Toñito el travieso, en su versión Jalisco. Cómo es posible que por todos los medios se han dado a conocer las triquiñuelas de Antonio Cruces Mada al frente de la Secretaría de Salud en el gobierno de Aristóteles Sandoval, que en conjunto han costado 605 millones 365 mil 208 pesos. Entre las transas más sonadas del personaje se cuentan: el registro de 5 mil 189 operaciones que nunca se realizaron, otras 11 cirugías se reportaron como duplicadas y se trataron de cobrar al Seguro Popular, hasta que la denuncia de la contraloría por 58.9 millones de pesos puso de manifiesto el engaño. Siete mil 189 millones de pesos asignados por la Federación están aún sin un reporte que aclare en qué se utilizaron, más las irregularidades en el hospital materno infantil y un largo etcétera. 

La contraloría estatal presentó tres denuncias por el pago de 326 millones a una empresa que supuestamente capturó los expedientes del Seguro Popular. Para rematar, el sistema no funcionó y el expediente fue robado (El Diario NTR, 14 de noviembre de 2019). El angelito fue dos veces citado y no acudió aludiendo que estaba enfermo; al final, cuando la fiscalía anticorrupción tuvo la orden de cateo y localizó a Toñito el travieso, el personaje contaba ya con un amparo y, documento en mano, así como entró, salió de la audiencia tan campante como fue su paso por la Secretaría de Salud. 

Aun cuando se trata de dos casos bien diferentes, lo que se pone de manifiesto y se exhibe es la incapacidad de las autoridades correspondientes para armar un buen expediente y postular una candidatura consistente para quienes se postulan o han de ocupar la presidencia de una institución hasta ahora tan respetada y legitima como la CNDH. 

En el penoso caso de Cruces Mada, es inconcebible que el travieso “se salga con la suya” y hoy por hoy simbólicamente se burle de “el que la hace la paga” de la autoridad estatal, todo por la incapacidad institucional para armar adecuadamente una carpeta de investigación aún con todas las pruebas con que se cuenta. Amparo mata denuncias y eso mina tanto la credibilidad en las instituciones públicas como en las autoridades. Otra vez la impunidad se impone frente al estado de derecho. Usted se preguntará, ¿para qué respetar la ley, si al que la burla no le pasa nada? 

[email protected]

jl/i