Pacto global para migraciones 

En diciembre de 2018 se firmó en Marrakech el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular por la mayoría de los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. En la página web de la ONU menciona que promovió por más de un año este pacto realizando consultas sobre el contenido del mismo a los países miembros. 

Cuando aparentemente había un consenso en lo estipulado, varios decidieron no firmarlo, entre ellos, Estados Unidos, Australia, Israel, Brasil, Chile, República Dominicana, Italia, Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria y República Checa, prácticamente con el mismo argumento: el pacto global atenta en contra de su soberanía, aunque no sea jurídicamente vinculante. 

El planteamiento central del pacto consiste en reconocer la responsabilidad compartida y respetar los derechos de los migrantes, así como impulsar la cooperación de los países de origen, tránsito y destino, identificando los riesgos y desafíos tanto de los migrantes como de sus comunidades, y al mismo tiempo reconocer los beneficios que tiene la migración para todas las naciones involucradas. 

México fue uno de los países firmantes del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular; la Constitución mexicana lo obliga a hacer efectivos los compromisos que adquiere al firmar los pactos internacionales. El gobierno mexicano tiene ahora la oportunidad de pagar la deuda histórica con los migrantes, atender a millones de connacionales que viven en Estados Unidos, principal destino de los mexicanos de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas de BBVA 2019, en donde se señala que 97.8 por ciento se dirigió a ese país. 

Es importante mencionar que en este documento se señala que el flujo migratorio se ha mantenido estable en la última década. En diversos estudios se alude como posibles causas la crisis de 2007, así como las políticas de deportación y de contención de la migración en la frontera sur de Estados Unidos. 

El pacto contiene 23 objetivos para gestionar la migración en diferentes niveles: el local, nacional, regional y mundial. ¿Cómo gestionar la migración mexicana a Estados Unidos?, cuando este país no firmó el pacto, ¿cómo llegar a esta cooperación a la que se alude? 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se dice “aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron” a través de proyectos de inversión y políticas sociales, así como de “empleos dignos, el desarrollo regional, estado de bienestar y procesos de construcción de paz”. ¿Qué proyectos se impulsarán en regiones de alta expulsión o receptoras de migrantes deportados y retornados? ¿Cuáles son  las estrategias y/o programas que están atendiendo las necesidades de estos migrantes? 

Para el caso de los connacionales en Estados Unidos se dice en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “nuestros consulados en Estados Unidos funcionarán como defensorías del migrante”. Estos consulados necesitarán una inyección importante de recursos económicos y humanos, así como capacitación de éstos últimos; se enfrentarán a diferentes demandas de la población: defender las detenciones de los migrantes en los procesos de deportación, así como ayudar a los que les niegan el derecho a un proceso legal; brindar ayuda y asesoría para impedir la separación de familias, etcétera. El gobierno mexicano necesita una política migratoria de Estado que le brinde certeza jurídica y  normativa para hacer valer los derechos constitucionales que tienen los mexicanos en su tierra y allende a la frontera. 

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