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Zapopan
Posando para la foto
Recientemente, la OCDE señaló que los mexicanos tenemos muchas limitaciones en los servicios de salud. Según el estudio Health at a Glance Mexico 2019 sólo 89 por ciento de la población tiene acceso a servicios básicos. Esta cobertura es la más baja de los países de la OCDE, donde la cobertura promedio equivale a 98 por ciento.
En México, el gasto público y privado en bienes y servicios para el cuidado para la salud también es muy bajo. Según el estudio, el gasto sanitario anual, ajustado por paridad de poder de compra, equivale a mil 138 dólares per cápita; mientras que en la OCDE dicho gasto, en promedio, equivale a 3 mil 806 dólares.
Paradójicamente, la protección financiera gubernamental hacia los hogares mexicanos es escasa. Según el estudio, el gobierno mexicano sólo financia 51 por ciento del gasto en la atención médica del país. Esta cifra contrasta con su contraparte del promedio de los países de la organización (71 por ciento).
Los servicios de salud representan una carga financiera muy elevada para los hogares mexicanos. Según el estudio, 5.5 por ciento de los hogares tiene gastos catastróficos en salud. Esto significa que, en ellos, los gastos en salud ascienden, al menos, a 30 por ciento de su ingreso disponible.
En este contexto, el Insabi pareciera pertinente y necesario. Ello porque el mismo buscaría proporcionar servicios de salud y medicamentos para aquellos que no fueran beneficiarios de instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Sin embargo, debe señalarse que muchos analistas y gobiernos estatales lo han criticado y, eventualmente, rechazado.
En mi opinión, las críticas son válidas; más aún, considero que las mismas debieran considerarse para transformar al Insabi, que requiere tener mecanismos rigurosos de planeación, financiamiento, operación y de evaluación de su desempeño. Asimismo, requiere reglas de operación claras para que sus beneficiarios conozcan sus derechos y obligaciones.
Una lección que nos dejó la crisis del dengue de 2019, fue que la falta de políticas adecuadas puede tener efectos devastadores. Hoy, los hacedores de políticas de salud tienen la oportunidad de demostrar que sí aprendieron la lección.
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jl/I
