Un millonario legado de cuentas por aclarar

Uno de los legados que dejó el gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval fue un manejo desordenado o incluso con irregularidades de los recursos que recibió de la Federación. Y cerró en el mismo tono, pues en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se le hicieron observaciones por más de 5 mil 545 millones de pesos, tan sólo correspondientes a la tercera entrega de 2018. 

El monto no es cualquier cosa. Equivale, por ejemplo, al doble de los recursos asignados este año a la Fiscalía Estatal. 

La administración estatal anterior tuvo problemas con la fiscalización prácticamente en todos los ejercicios. En 2018 tuvieron que contratar al despacho Empresarial Consultores SC, con sede en Boca del Río, Veracruz, que cobró 46 millones de pesos para limpiar las cuentas públicas de 2012 a 2017. El ex gobernador había hecho un movimiento en la Secretaría de Administración, con la salida de Salvador González Reséndiz y la llegada de Mauricio Gudiño, quien argumentó que fue necesario acudir a ese despacho porque se acumularon más de 17 mil millones de pesos en señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación; ese monto equivale, como una referencia, al costo inicial de la Línea 3 de Tren Ligero. 

En cada año revisado por la Auditoría Superior de la Federación, los montos mayores correspondieron a los recursos federales ejercidos por las secretarías de Salud y de Educación; en el caso de salud, tanto por anomalías en el Seguro Popular como en el gasto directo de la secretaría. El único año en que ya no hubo señalamientos a la Secretaría de Salud fue 2018, pero porque ya no se revisó. 

Cuando en su momento se cuestionó a Mauricio Gudiño sobre el rezago en la aclaración de las cuentas públicas, dijo que fue principalmente por descuido, ya que no se atendieron las observaciones. Incluso, se encontró un oficio firmado por el ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada en el que respondía a la ASF que no tenía personal ni tiempo para atender a los auditores. 

El problema es que esas irregularidades son una pérdida para Jalisco, desde cualquier punto de vista. Esto, porque no se acredita el buen uso de los recursos o el destino para el que fueron asignados. En algunos casos se trata de montos que han tenido que devolverse a la Federación y que, por lo tanto, ya no se usaron en beneficio de los jaliscienses y, en el peor de los escenarios, dinero que fue a parar a la cuenta de algún funcionario público de manera indebida. 

Para colmo, los 46 millones de pesos que se gastaron en justificar una parte de esos recursos, porque no les alcanzó el tiempo para aclararlo todo, también fueron de recursos públicos. 

En el caso de la última entrega, los principales señalamientos, suman más de 5 mil 135 millones de pesos de participaciones, que son el principal ingreso que tienen las entidades federativas. Además, hay otros 320.3 millones de anomalías en la nómina de educación, por pagos a trabajadores que no estaban laborando, que ya habían sido dados de baja, que son funcionarios de elección popular o que tenían una licencia sin goce de sueldo. Esta información cobra relevancia ante el rezago en los pagos a algunos maestros del sistema federal. 

El problema es que lo revisado hasta el momento, aunque sea de gastos de la pasada administración estatal, afectará también a la actual, pues los señalamientos se hacen de manera institucional y las aclaraciones deben presentarse por las autoridades en funciones, o bien emprender las acciones legales para que quienes estuvieron a cargo las solventen. Pero en cualquiera de los casos, quienes pagan son los jaliscienses. 

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