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Zapopan
Posando para la foto
Ha llegado el momento de poner a prueba el modelo de la Guardia Nacional.
Ante la contingencia y crisis mundial por la pandemia de coronavirus Covid-19, los gobiernos de países con regímenes incluso no totalitarios como los europeos se han visto obligados a confinar a sus ciudadanos de manera obligatoria, con una vigilancia reforzada para contener el avance de la amenaza.
En algún momento, el gobierno de la República tendrá que intervenir con todo el poder del Estado, algo que podría ocurrir en la próxima semana, considerando las tendencias de ritmo de contagios y muertes reportadas por otros países.
Por ahora, el gobierno ha trabajado con el Ejército mexicano para cumplir funciones de atención a desastres nacionales a través del plan DN-III-E, que ha estado en marcha de manera paulatina en distintos lugares del país conforme la evolución de la situación. La estrategia demagógica del presidente Andrés Manuel López Obrador de negar el peligro, dirigida a ciertos sectores escépticos y a retrasar el impacto macroeconómico de la crisis por la pandemia, no podrá sostenerse de mucho más y será necesario un cambio drástico en el timón.
En México, las fuerzas de seguridad pública tienen deficiente proporción de policías con respecto a la que tienen otros países, considerando las tasas por cada 100 mil habitantes y ello es factor que puede incidir en la capacidad para frenar el contagio.
Mantener al Ejército al frente de las funciones de contención del desastre, aunque es una de las facultades constitucionales de las fuerzas armadas y quizás la principal en un país que no ha estado en guerra con otra nación desde hace 75 años, posiblemente no sea la mejor idea para un gobierno constitucional de tipo civil como el de México.
Si bien la Guardia Nacional por ahora está preponderantemente constituida por ex miembros de las fuerzas armadas, estos ya han tenido una formación en materia civil para capacitarlos a desempeñar sus funciones orientados a la seguridad pública, cooperando con las autoridades estatales y municipales para realizar labores de vigilancia y participar en operativos de inteligencia policial.
Durante el proceso de creación del marco legal, constitucional y normativo de la Guardia Nacional, los legisladores hicieron énfasis en diseñar una guardia civil, un cambio drástico respecto a la propuesta militarizada que se había inicialmente presentado ante las cámaras por parte del gobierno de la República, una idea más cercana a la que López Obrador había planteado en su campaña electoral hacia la Presidencia.
La discusión de la configuración de la Guardia Nacional incluyó a especialistas en derecho de talla nacional e internacional, académicos y activistas que lograron modificar las intenciones iniciales de la ley que le daba vida, imponiéndole un esquema de gradual conversión a una corporación completamente civil. Aunque por ahora integrada por ex elementos de las policías militares y navales, y ex policías federales, eventualmente nuevos miembros irían robusteciendo a la nueva institución en los próximos años.
El futuro nos alcanzó y hoy es un momento crucial para poner a prueba todo el marco normativo diseñado para contener y guiar la actuación de los elementos de la institución de seguridad pública nacional, que tendrá que asumir el liderazgo ante el reto de cuidar a la población y vigilarla en una crisis no sólo económica, sino social mundial que enfrentamos.
Aún no está claro cuáles serán las medidas que impondrá el gobierno federal para la fase 2 y lo que venga después, pero hoy más que nunca será necesaria una verdadera coordinación interinstitucional federal, estatal y municipal.
Twitter: @levario_j
jl/I