Sociedad civil y coronavirus

No obstante que la emergencia sanitaria ha impactado en la dinámica de su trabajo cotidiano, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han manifestado para exigir a las autoridades gubernamentales su intervención para proteger de los efectos devastadores de la pandemia a sectores particularmente vulnerables, como es el caso de los internos en las cárceles, las trabajadoras domésticas, las mujeres que sufren violencia, los migrantes y las personas en situación de calle.

El 29 de marzo, la organización Asilegal, especializada en temas penitenciarios, alertaba que “dadas las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento lamentablemente típicas de los centros (de detención) a lo largo y ancho del país”, el impacto del coronavirus ponía en riesgo a internos, custodios y visitantes, además de que podrían presentarse contagios masivos. Conjuntamente con las organizaciones que forman parte del colectivo Alerta Temprana Red, urgieron al Estado a tomar medidas para permitir la salida de internos de la tercera edad, de presos políticos o con enfermedades que los hacen vulnerables ante el Covid-19.

El 30 de marzo, las organizaciones de la sociedad civil Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Fondo Semillas, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y Nosotrxs coincidieron en señalar a las trabajadoras del hogar como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, e hicieron un llamado al Estado y a la sociedad para garantizar su seguridad patrimonial y sanitaria, mediante el pago de su salario íntegro y la permanencia en sus casas durante la cuarentena.

El 8 de abril, Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios demandaron al gobierno mexicano el cumplimiento de “su deber de prevenir y atender las violencias contra las mujeres”, debido a que las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, específicamente la de permanecer en casa, incrementaban el riesgo de violencia doméstica. Denunciaban que no obstante los refugios en los que se atiende a mujeres que han padecido violencia habían sido catalogados como “servicios esenciales”, el flujo de los recursos para su funcionamiento resultaba insuficiente.

El 21 de abril, un centenar de organizaciones civiles ubicadas en las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos lanzaron un llamado urgente a los gobernadores para implementar acciones de protección hacia las comunidades de migrantes. En una misiva dirigida a los mandatarios estatales, las organizaciones proponían que para reducir los efectos negativos de la pandemia “debemos pensarnos como comunidades binacionales intrínsecamente conectadas, para proteger nuestra salud, la economía y a aquellas personas en situaciones vulnerables, incluidas las migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”. Y demandaban una sensibilidad particular hacia aquellos que se han visto obligados a migrar debido a “conflictos armados, graves violaciones de los derechos humanos, desastres ambientales y niveles extremos de pobreza”.

Ayer, Amigos Trabajando en los Cruceros, organización comunitaria que tiene dos décadas apoyando a familias en situación de calle, ha presentado una solicitud ante la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la Dirección General del DIF para la provisión de 500 despensas que servirían para contrarrestar una amenaza más lacerante que el coronavirus: la amenaza del hambre. Con el hashtag #ResolvamosElHambre, la organización hace un llamado a quienes deseen apoyar el esfuerzo.

En un ambiente de encono y polarización política, la presencia activa de las organizaciones de la sociedad civil suministra un efecto balsámico y saludable.

Twitter: @fracegon

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