Designaciones públicas: un pendiente en Jalisco

En democracias como la nuestra la población tiene la oportunidad de elegir a las personas que ejercerán ciertos cargos públicos. Las elecciones son un mecanismo mediante el que la ciudadanía procura que las decisiones públicas se tomen de una manera más cercana a sus propios intereses. 

Lo ideal para algunas personas sería que se sometieran a votación absolutamente todos los puestos públicos, pero como eso es imposible en la práctica, nuestro sistema político ha determinado que algunos cargos son de elección popular, mientras que otros son resultado de una designación. 

Como la ciudadanía eligió a quienes se encargarán de la designación, parecería que, indirectamente, la ciudadanía tiene incidencia en ese proceso. Sin embargo, no es así. Tenemos muchos ejemplos en los que es fácil comprobar que los funcionarios electos piensan en sus propios intereses al llevar a cabo una designación, de ahí que la ciudadanía insista cada vez más en que esos procesos se democraticen. 

No es de extrañar, entonces, que en estos días se le insista al Congreso de Jalisco que se abra más la posibilidad de intervención de la ciudadanía en el proceso de designación de quienes ocuparán las vacantes en el Consejo de la Judicatura, así como el puesto que está por quedar vacante en el pleno del Instituto de Transparencia. 

Es cierto que quienes nos representan en el Congreso de Jalisco tienen la facultad de designar a quienes ocuparán la titularidad de esos y otros cargos públicos; eso no está sujeto a discusión. Conforme a nuestra Constitución, quienes nos representan deben de tomar la decisión final respecto a quién deberá ocupar un puesto vacante en ciertas organizaciones públicas. 

Sin embargo, la facultad de la designación no es absolutamente discrecional, es decir, que no debe ejercerse a capricho, porque la delegación del poder que el pueblo hace a sus representantes no es total ni a ciegas. Por el contrario, está sujeta a la rendición de cuentas, y a otros límites democráticos. Esto ha sido parte de todas las democracias más o menos funcionales, pero no fue sino hasta hace relativamente poco que la evolución de nuestra sociedad llevó a que cada vez más personas se interesaran por los asuntos públicos, por lo que la participación ciudadana fue desarrollándose, y buscando las vías para ser efectiva y relevante. 

Dicho en otras palabras, para enfrentar los problemas que nuestro sistema democrático no ha sido capaz de resolver es necesaria más democracia. Mientras más personas se involucren en los asuntos públicos, más posibilidades tenemos de que podamos comprender mejor los problemas, así como de diseñar soluciones más adecuadas. Claro, esto implica que los procesos de inclusión y consulta sean realmente democráticos, al igual que es necesario democratizar el acceso al conocimiento. 

Por otra parte, también es necesario democratizar las decisiones públicas, lo que implica que quienes deben tomarlas deben de asegurarse de que la mayor parte de la población comprenda la trascendencia de la decisión, es decir, qué efectos puede tener sobre cada uno, en el corto, mediano y largo plazo. Y después debe permitir que la ciudadanía aporte toda la información y criterios que pueda para que la decisión sea lo más legítima posible, y cuando se trata de una designación, que se elija a la persona que tenga el perfil más adecuado. 

De manera que es importante que el Congreso abra espacios para que la ciudadanía pueda contribuir a establecer los procedimientos que permitan determinar cuáles aspirantes se acercan más al perfil ideal, para que elijan de entre las mejores candidaturas. 

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