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Zapopan
Posando para la foto
Si tuviéramos que definir el grupo con mayor proporción de contagios de Covid-19 en Jalisco y uno de los que tienen mayor riesgo, ése es el de los reclusos de Puente Grande. Para suavizar su condición de presos se usa el eufemismo de llamarles personas privadas de la libertad, pero no es algo que se pueda aterciopelar tan fácilmente.
Las condiciones de terror apocalíptico que la situación pandémica nos ha impuesto se multiplican en aquellos sitios de reclusión donde el poder del Estado queda desdibujado más allá de las torres de vigilancia. Se trata de los lugares más propicios para una masacre zombi. Son las primeras personas que olvidaría el gobierno en un hipotético final de los tiempos dominado por los muertos vivientes y, posiblemente, también el resto de la población les daría la espalda.
Considerados casi siempre como escoria en nuestra sociedad, los presos están ahí para pudrirse, según la ideología predominante que, precisamente, los trata como desperdicios y los coloca lo más apartado que sea posible. No todas las sociedades tratan así a las personas que han delinquido. Es algo cultural que puede cambiar y que, de hacerlo, probablemente beneficiaría a todos.
No es raro que los presos de Puente Grande sean el grupo penitenciario con mayor cantidad de contagios en el país ni tampoco es rara la opacidad con que los sistemas penitenciarios reportan la situación de las cárceles con respecto a la contingencia sanitaria. Más bien la transparencia es lo anómalo en un contexto dominado por la corrupción en el peor de los casos y la ineptitud en los menos decadentes.
A pesar de las medidas preventivas que las autoridades penitenciarias dijeron haber implementado desde el principio, nada de eso evitó que el contagio se esparciera por los dormitorios del complejo penitenciario que alguna vez alojó a Rafael Caro Quintero y a Joaquín Guzmán Loera.
Durante los últimos días se contuvieron los contagios en el reclusorio estatal, pero extrañamente el viernes murió con el virus en el Cefereso un ex líder criminal del cártel de Los Zetas, conocido como El Gordo May. La información acerca de los reclusorios federales es inexpugnable y ni siquiera ha habido una explicación de cómo fue que uno de los reclusos murió sin que hubiera sido diagnosticado por Covid-19 antes ni cómo ha sido el único caso que se ha reportado en ese reclusorio.
Y la situación no es exclusiva de ese Cefereso. La semana pasada se reportaban ya cinco personas fallecidas en los reclusorios de Baja California, sin que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hubiera recibido información de personas contagiadas en ese sistema penitenciario.
Sólo quienes han vivido detrás de esas murallas conocen cuál es la dinámica de vida y todos los conflictos de poder que implica, las cuotas que se deben pagar para realizar cualquier actividad, la obediencia al grupo que dirige todas las actividades desde dentro y que las autoridades carcelarias ahora se rehúsan a llamar autogobierno.
Y una persona que está privada de la libertad en una circunstancia así la tiene doblemente perdida porque no sólo no es libre de vivir fuera, sino también de vivir decorosamente dentro de esas instalaciones, con la garantía de que su vida y su salud serán respetadas, de que tendrán la oportunidad de regenerarse para volver algún día a la sociedad.
Estando así, ¿qué se puede hacer, sino tratar de sobrevivir, tratar de comer sin ser comido? Y la gente ahí dentro cree que nada del coronavirus existe, que todo es una treta para someterlos aún más, para quitarles lo poco que tienen: las visitas de sus familias, una alegría ocasional.
Twitter: @levario_j
jl/I