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Durante el primer semestre de este año el PIB nacional cayó 18.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, marcando un récord histórico en la intensidad de las crisis del país. Bajo tales condiciones se multiplican las quiebras, sobre todo de micro y pequeñas unidades económicas (se les denomine o no “empresas”), la pérdida de empleos, la caída en los ingresos laborales, el riesgo de no poder pagar deudas, de perder la casa o el coche, de abandonar los estudios, de caer en gastos médicos catastróficos, etcétera. Si una persona se encuentra en condiciones económicas difíciles, con síntomas de Covid-19 (o con personas cercanas que lo tengan) y no cuenta con la posibilidad real e inmediata de atenderse en una unidad pública de salud… ¿cómo destinar miles de pesos tan sólo para hacerse la prueba de PCR, que es la única confiable para saber si está contagiada o no? En caso de que efectivamente esté enferma… ¿cómo enfrentar económicamente el confinamiento y lo que se derive de él? 

La situación económica opera como un segundo pie coronavirus que nos hace caminar en una dirección diametralmente opuesta a la que quisiéramos. Obliga a la mayor parte de la población a salir a buscar el sustento lo quiera o no, sin importar el riesgo que ello implica, las banderas rojas de riesgo epidemiológico o los botones de pánico que se aprieten. 

La culpa no es de este gobierno federal, estatal o municipales, sino de una larga historia de deficiencias estructurales de la economía, intensificadas por la apuesta a los mercados abiertos, a la flexibilización laboral, al desdén por el cumplimiento de los derechos sociales de la población, a las formas de urbanización, de transporte, de multiplicación de fraccionamientos con minúsculos departamentos y casas, que vuelven imposible el confinamiento de las familias y se asemejan a inmensos “sembradíos de Rotoplas”. 

Si queremos evitar los botones de pánico y las banderas rojas de grave peligro, requerimos esquemas fiscales, financieros, productivos, legales, sociales y ambientales en lo que efectiva y no sólo retóricamente se nos considere como ciudadanos, productores y consumidores y no sólo como votantes, compradores y vendedores. 

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