Vacantes en el Poder Judicial de Jalisco

El que se quemó con la leche, hasta al jocoque le sopla dice un refrán que parece describir con mucha claridad lo que está ocurriendo en el Congreso de Jalisco respecto a las 10 designaciones de cargos dentro del Poder Judicial que tiene pendiente llevar a cabo en este año, cuyas respectivas convocatorias se encuentran en su portal (https://www.congresojal.gob.mx/). 

Y no es para menos que se quiera cuidar el proceso de designaciones, dado que la manera tan desaseada en la que se manejó hace unos meses la designación de tres integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco puso en evidencia que todavía queda mucho por andar para que podamos considerar al Congreso como una institución en la que se puede confiar, especialmente en lo que se refiere a la selección de las personas con los mejores perfiles para que ejerzan los cargos públicos que no son de elección popular. 

Son varios los aspectos de las convocatorias arriba mencionadas que hacen notar que la Comisión Legislativa de Justicia está tratando de que no se repita un escándalo como el que ocurrió en torno al Consejo de la Judicatura, que ya mencioné. Por un lado, de acuerdo con lo expresado a través de su cuenta de Twitter, se atendieron las recomendaciones que les hizo el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, el mismo que interpuso un juicio de amparo en contra de la designación de tres integrantes del Consejo de la Judicatura, por considerar que se violó el debido proceso. 

Por otro lado, para evitar que se repita la situación que sirvió de pretexto para que se desecharan los resultados del examen de conocimientos en aquel caso, se dio un tiempo prudente a las instancias que elaborarán el examen de conocimientos, bajo la guía del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), que se encargará de su aplicación y calificación, a fin de garantizar la imparcialidad, y evitar el regateo de las calificaciones. Esta es una situación inédita, y si sale bien, podría sentar un precedente nacional. 

Respecto al examen de conocimientos, también llama la atención que se haya eliminado el requisito de obtener una calificación mínima de 80 para poder ser elegible, aunque se sustituyó por la condición de que se considerarán como elegibles quienes hayan obtenido las mejores cinco calificaciones. Esperemos que quienes aspiran a esos puestos demuestren tener los conocimientos necesarios, pues existe la posibilidad de que las cinco mejores calificaciones sean reprobatorias. Ojalá no ocurra así. 

El costo de la aplicación del examen, que sobrepasa el millón de pesos, correrá a cargo del Congreso, al igual que el de la aplicación de exámenes de control de confianza. 

Por cierto, el examen de control de confianza se aplicará con tiempo suficiente para disponer de sus resultados prácticamente al mismo tiempo que los del examen de conocimientos, de manera que se puedan integrar ambas evaluaciones, junto con la que elaborará el CPS sobre los perfiles de quienes se presenten a las convocatorias. 

Llama la atención, también, el hecho de que hay una convocatoria exclusiva para seleccionar a cinco mujeres, como un medio para impulsar la paridad de género en el Supremo Tribunal de Justicia, aunque en estricto sentido las nueve vacantes debieron haberse reservado para mujeres, dado que actualmente solo hay seis magistradas, y con las cinco que llegarán, ocuparán sólo la tercera parte de las magistraturas. 

Por cierto, la ciudadanía tiene la posibilidad de observar el proceso de cerca. Las indicaciones para hacerlo aparecen junto con las convocatorias. 

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