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Zapopan
Posando para la foto
En Jalisco hay tantos asesinatos que es inviable tratarlos dignamente.
Esa es una conclusión angustiante que lacera y rompe esperanzas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) padece los estragos de la patética guerra contra el narco, pero también del caos interno y la falta de recursos para resolver un problema que puso a nuestro estado en los titulares del mundo.
El origen son los tristemente célebres tráileres de la muerte que circularon por la ciudad cargados de cientos de cadáveres porque ya no cabían en el IJCF. Su devenir se convirtió en el colofón que ensombreció la administración de Aristóteles Sandoval.
NTR emprendió una serie que englobamos en redes sociales como #CaosForense. Es una investigación que lleva meses y que ha sumado el esfuerzo de Sonia Serrano, Juan Levario y Lauro Rodríguez. El conflicto es tan complejo que decidimos partir la pesquisa en siete aristas.
La serie inició con la revelación de que la crisis forense es peor que la que se vivió en la administración pasada. Según un informe interno, en junio pasado se contabilizaron 2 mil 896 cuerpos, secciones anatómicas y restos humanos en los diferentes espacios del Semefo.
Sonia expuso el maquillaje de cifras así: “La plataforma de Personas Fallecidas Sin Identificar del gobierno estatal tiene registradas mil 550 personas que se encuentran bajo el resguardo del IJCF, hasta julio. Significa una diferencia de mil 436”. Casi el doble.
La administración de Alfaro recibió 289 cadáveres y restos óseos: la acumulación de los restos se ha multiplicado por 10.
Esta información, que debe tener la máxima exposición debido a la larga y delicada crisis institucional, no fue compartida por la Unidad de Transparencia del IJCF. El organismo ofreció una elaborada respuesta de 22 cuartillas donde cita ocho leyes, reglamentos y hasta tesis para clasificarla como “reservada”.
El documento interno se trata de estadísticas y no contienen datos personales ni revelan estrategia alguna. Esto abre una discusión que debe resolver el Itei.
Hay que destacar que, en función del equilibrio informativo, personalmente he solicitado desde el 4 de noviembre entrevistas con el coordinador estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez, y con el director del IJCF, Gustavo Quezada. Sólo he obtenido negativas de parte del área de comunicación, fiel reflejo del estilo alfarista para enfrentar los problemas.
El testimonio de trabajadores del IJCF nos llevó a publicar ayer que las inhumaciones prácticamente se detuvieron en la actual administración, con la consiguiente saturación. La razón: falta de protocolos para la identificación y disposición de los cuerpos, en particular los extraídos de las fosas clandestinas. La crisis también se debe al colapso del laboratorio de genética.
Otra razón, siempre según los forenses consultados, es que los colectivos tienen una idea equivocada sobre las inhumaciones, porque éstas son necesarias cuando ya el cuerpo tiene el archivo básico de identificación. También consideran que la intervención de Margarita Sierra ha dificultado el avance en la disposición de los cuerpos.
La entrega de hoy es a cargo de Levario y hace una radiografía de la eficiencia del instituto. Se revela que a pesar de que la cantidad de personal trabajando en IJCF se elevó de 467 en 2013 a 584 en 2020 (25 por ciento más), la cantidad de dictámenes e informes periciales permanece en los mismos niveles desde entonces.
Al conocer el origen del conflicto y desmenuzarlo con la mayor consistencia periodística posible, pretendemos llamar a la indignación social sobre el panorama tan desolador que hoy persiste en el IJCF… mientras, el gobernador guarda un silencio cómplice.
Twitter: @cabanillas75
jl/I