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Las pruebas que la DEA tenía en contra del general Salvado Cienfuegos Zepeda no tenían la suficiente solidez para llevar a juicio a un ex secretario de la Defensa Nacional, manifestó el académico del departamento de derecho público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Arturo Villarreal Palos.
Situación que era conocida por los fiscales norteamericanos y por ello prefirieron que el gobierno de México se responsabilizara del caso.
“El simple hecho de que los Fiscales Estadounidenses hubieran desistido de la acusación, aunque eso se vistió como una cortesía diplomática o algo así, para mi desde ese momento me dio la impresión de que los mismo fiscales jurídicamente sabían que no tenían las pruebas suficientes que se iban a enfrentar a un gran fracaso, que hubiera podido ser digamos más grave para el sistema de justicia norteamericano y prefirieron traspasarle la pelota al gobierno mexicano para que fuese este quien cargara con ese especie de fiasco”.
Indicó que la evidencia presentada por la DEA consistía en intervenciones telefónicas ilegales y acusaciones indirectas, pruebas que para las leyes mexicanas no son serias.
“Posiblemente lo que hay ahí en ese expediente no dé para más, porque hay que acordarnos que al parecer las acusaciones estaban formuladas digamos no de manera directa sino por alguien que dijo que en la televisión vio, se trata de cosas que no parecen tener mucha seriedad, pero al menos la obligación constitución y legal del Ministerio Público es investigar las denuncias”
Aunque consideró que las pruebas no eran lo suficientemente incriminatorias, en el Caso Cienfuegos, la Fiscalía General de la República se apresuró a exonerar al general Salvador Cienfuegos.
EH