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La Villa Panamericana es un monumento a la mala planeación y al pragmatismo corrupto.
Nació mal. En 2011 Guadalajara fue sede de los Juegos Panamericanos. Años antes se armó un enorme plan para rescatar el Centro Histórico de la ciudad aprovechando la ocasión. Un grupo de personajes de la ciudad –empresarios, urbanistas y funcionarios– hizo un proyecto inspirado en la recuperación urbana que vivió Barcelona en sus Juegos Olímpicos.
No sin contratiempos, el proyecto de la Villa Panamericana en el primer cuadro marchaba razonablemente bien hasta que el ignominioso Mario Vázquez Raña, presidente de la Odepa, golpeó la mesa y tumbó el proyecto. Quien se tuvo que comer ese marrón fue el entonces alcalde panista Alfonso Petersen.
Luego se buscaron opciones de manera acelerada. Una del lado de Mariano Otero, prácticamente en la zona de protección de La Primavera. Hubo protestas y se desechó. Luego, dicen las malas lenguas, el propio Pablo Lemus, entonces líder de Coparmex Jalisco, le llevó la idea de edificarse en El Bajío a Vázquez Raña.
En una construcción exprés con capital público y privado (Inmobiliaria Cornejo Barragán y Corey Integra, entre otras), levantaron cuatro edificios con 942 departamentos.
La edificación fue gracias a la inversión de 690 millones de pesos del Instituto Jalisciense de la Vivienda, 340 millones de pesos del Instituto de Pensiones de Jalisco y 355 millones de pesos de inversión privada.
La obra se hizo a pesar de la oposición de grupos ecologistas que advertían del daño ecológico (por ser una zona de recarga de agua para la ciudad), su cercanía al bosque de La Primavera y el evidente conflicto por incumplir flagrantemente la normatividad urbana y violar los planes parciales de desarrollo… entre otros.
Es decir, una oda al agandalle promovida desde el gobierno estatal panista en turno.
Desde antes de ser inauguradas, las villas y sus desarrolladores han vivido un camino empedrado en los tribunales derivado de las irregularidades de la construcción. Ya suman 11 años de enfrentamientos en la trinchera del fatídico Tribunal Administrativo (hoy Tribunal de Justicia Administrativa o TJA).
Las empresas constructoras de la Villa cedieron la venta del complejo a Green Life Capital quien ahora es la compañía involucrada que pretende activar la zona ahora con el nombre comercial de Avaterra.
En el camino, la Villa ha sido también motivo de un enfrentamiento entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus. El gobernador argumenta que lo prioritario es que Pensiones recupere su inversión. En cambio, Lemus sostiene que no hay condiciones administrativas ni ecológicas para que el municipio de Zapopan emita la habitabilidad. Esta posición ha sido ratificada por el alcalde electo Juan José Frangie y por la alcaldesa interina, Graciela de Obaldía.
En paralelo, Avaterra no se ha quedado de manos cruzadas. Han seguido con los recursos legales ante TJA en forma de juicios de amparo para empezar a vender los departamentos (inclusive ofrecen escriturarlo a partir de septiembre). Ya se anuncian en medios de comunicación y redes sociales. No sólo eso, el 23 de junio, el reportero Edgar Flores de NTR pudo comprobar que la Villa ya cuenta con un puñado de habitantes pese a no contar con los permisos municipales.
El recurso legal que tiene al ayuntamiento zapopano contra las cuerdas se encuentra en la segunda sala del TJA encabezada por el magistrado Laurentino López Villaseñor (con el expediente 2232/2019).
Todos los caminos (legales) parecen indicar que de nuevo se impondrá el pulpo inmobiliario sobre los recursos naturales y la propia autoridad municipal. Los próximos días serán claves para la consolidación de ese monumento a la corrupción.
@cabanillas75
JB