Sin transparencia, credibilidad y confianza se caen

Las propias autoridades suelen cavar la tumba en la que entierran su credibilidad. La que tengan, regularmente escasa, queda sepultada con buena parte de sus decisiones. Están ahí, ocupan cargos públicos, para encaminar acciones hacia el bien colectivo. Pero cuando lo que hacen va por el rumbo de lo equívoco, lo corrupto, lo mentiroso, el favoritismo, la imposición, el ocultamiento, la opacidad o sin la participación social, los grupos gobernantes pierden la confianza de los ciudadanos y, por consiguiente, la credibilidad. Echan una palada más de tierra a su fosa política. 

La credibilidad va de la mano con la confianza. No son lo mismo, pero caminan casi a la par en el arte de gobernar y liderar. Si una se viene abajo, repercute en la otra. La confianza la define la Real Academia Española como “la esperanza firme que se tiene de alguien o algo”, y la credibilidad como “cualidad de creíble”; es decir, “que puede o merece ser creído”. Quizá el paso previo a la credibilidad es la confianza. Si la confianza no está presente, la credibilidad difícilmente tiene lugar. A mayor confianza, mayor credibilidad. Si se confía en un funcionario público o privado, su credibilidad aumenta. Sólo que la confianza se gana en el día a día. Es acumulable. Identificar a un funcionario o líder como confiable y creíble es valorar su identidad profesional, moral, política y social. 

Los políticos, las instituciones públicas o privadas, y las autoridades, buscan que se les considere confiables para abonar a su credibilidad. De ambas depende en parte la carrera política de una persona, un partido político o una administración. Por ahora, en Jalisco están en el hoyo, en cuanto a confianza, los partidos políticos, policías, diputados y senadores, ministerios públicos y, también, el gobierno estatal alfarista, como indica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Inegi. 

Uno de los elementos, no el único, que podría aumentar la confianza y la credibilidad en las instituciones y gobernantes es la transparencia. A mayor apertura de la información pública que poseen, los ciudadanos más podrían confiar y, por tanto, otorgar credibilidad. El funcionario público que oculta información, que no rinde cuentas, no es confiable ni creíble. La opacidad es contraria a la confianza y la credibilidad política. Esconder información, por las razones que sean, es un autogolpe de los gobernantes de los tres niveles, y una ofensa a los ciudadanos. Un ejemplo criminal fue que la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Salud Jalisco ocultaron durante años el estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que alertaba sobre la contaminación y afectaciones graves a la salud de quienes viven cerca del río Santiago en Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Guadalajara, sin que se adoptaran medidas para mitigar los daños a la población. 

Al cumplirse 20 años de que Jalisco impulsó, de manera pionera, una ley de transparencia, la burocracia gobernante ha hecho todo por mantener oculta la información pública. Son numerosos los escollos y la lista de agravios es larga. No es solamente negar el derecho humano a la información vía transparencia; es también rechazar entrevistas periodísticas, escamotear el ser interpelados, no responder o hacerlo a medias o con mentiras. Hacerlo es engordar la corrupción. 

La caída en la confianza y la credibilidad de la administración de Enrique Alfaro, como reportan encuestas de opinión, encuentra una de las explicaciones en el bloqueo a la transparencia y rendición de cuentas. Medios informativos, reporteros, académicos, especialistas, ciudadanos, pueden dar numerosos ejemplos de su opacidad. Y alcaldes metropolitanos van en esa dirección. Las evaluaciones favorables de sus portales de transparencia no necesariamente significan mayor o mejor acceso a la información. 

Twitter: @SergioRenedDios

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