Profepa debe consultar a indígenas de Ayotitlán sobre devastación ambiental

La Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) recriminó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no consulte a las comunidades indígenas nahuas de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, sobre la devastación ambiental provocada por el consorcio minero Benito Juárez–Peña Colorada en la sierra de Manantlán. 

La red informó que la Profepa le ha asegurado que mantiene un expediente abierto de investigación en torno a los daños ambientales y que las primeras visitas al sitio, generadas tras denuncias interpuestas desde 2019, arrojaron que sí hay irregularidades y afectaciones; sin embargo, señaló, la dependencia no ha cumplido con lo que marca el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual marca la obligación de incluir la voz de las comunidades indígenas en estos casos.  

“Establece la obligación de la consulta libre, previa e informada a los indígenas que, siendo sujetos de derecho en sus territorios, deben otorgar su consentimiento, pues en caso contrario deberán recibir una indemnización a manera de resarcimiento y ser reubicados en tierras de igual o mayor valor para todos ellos. La brigada de la subdelegación ni siquiera buscó ni habló con los nahuas afectados de Champerico por el extractivismo minero, con lo que sus integrantes incurrieron en un acto de indebida e injustificada discriminación racial y administrativa”, describió la red. 

El organismo también criticó el tardío actuar de la Profepa, pues la denuncia por este caso fue interpuesta desde el 20 de noviembre de 2019 por el Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA). El recurso se presentó por tala en bosques con fines mineros y sin el consentimiento de las comunidades nahuas.  

Fue hasta el 26 de junio de este año que la Profepa dio respuesta a la RJDH. En su contestación le indicó que en el sitio encontró 9.19 hectáreas de bosque talado con uso de motosierras. A causa de esto fue que se abrió el expediente que, a tres años de la denuncia, aún sigue abierto y sin sanciones para los responsables. 

MINERAS TIENEN RETENES  

Por otro lado, la RJDH abordó las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en las que afirmó que no existen retenes de ningún tipo en Jalisco. En respuesta, el organismo le recriminó que desde hace varios años Ayotitlán y, en general el municipio de Cuautitlán, presenta bloqueos, retenes y “aduanas” de mineras y grupos criminales. 

De hecho, precisó que esta situación es del conocimiento de la administración pública municipal. 

“Si el mandatario no tiene ningún reporte de la presencia de retenes en manos del crimen organizado, ello se debe al séquito de personas serviles que lo rodean y no están dispuestos a contradecirle, pero, sobre todo, a que vive distanciado del pueblo jalisciense y de las violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos, excepto del estrato empresarial que comparte sus propios intereses minoritarios”, describió el representante de la red, Óscar González Garí. 

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