Pase de estafeta a sindicatos

El pago a pensionados y jubilados se está convirtiendo en una bomba de tiempo que puede reventarle en las manos al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal); la única solución es una impopular reforma a la ley de pensiones y les están pasando a los sindicatos el pago del costo político.

El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo muy activos, muy previsores y muy listos declararon a través de sus voceros que no sacarían la reforma sin el aval de los trabajadores, y esto no quiere decir que los están tomando en cuenta, sino que sólo les quieren pasar parte de la responsabilidad del costo político.

Los representantes de estos poderes ya se dieron cuenta de la dimensión del problema, de que es una bomba molotov que en cualquier momento puede explotar si no hacen algo y ante las medidas drásticas que deben implementar quieren llevarse a los líderes sindicales junto con ellos en la aprobación de la solución.

No hay de otra: los estudios actuariales advierten que deben hacer cambios estructurales, es decir, aumentos en cuotas y disminución de prestaciones para que alcancen en el futuro lejano a pagar jubilaciones, pero hacerlo por decreto sólo de diputados llevaría a una inconformidad social traducida en manifestaciones de los trabajadores y hasta huelgas.

Tienen que convencerlos de asumir juntos la decisión para compartir culpas y cargas.

La posible solución de dar un subsidio estatal es sólo un paliativo y una estrategia que ayudaría a quedar bien a los actuales líderes porque no es una solución de fondo.

Y como aquí todo es político, no se le puede dar otra lectura, porque si hubieran pensado por el bien único de los trabajadores ya se habría concretado la reforma y el Instituto tendría finanzas sanas sin inversiones fallidas o desfalcos.

Ahora lo que prevalece es ver cómo no salir raspados con esta impopular decisión que se debe tomar y cuando la realidad cambiará después de 2034 si no se hace algo, ya que el riesgo es que no habrá dinero para pagar créditos ni pensiones.

Los trabajadores están enojados y con justa razón porque la crisis económica de este sistema no es culpa de los de base, sino de los funcionarios de primer nivel que descubrieron que podrían pensionarse muy jóvenes si comenzaron a trabajar desde la mayoría de edad o incluso antes, y que sus altos salarios podría mantenerlos de por vida.

Todo a costa de este instituto que en el transcurso de los años perdió su capacidad económica por las malas inversiones, por la autorización de pensiones con mañas legales y por hacer negocios cupulares a espaldas de los trabajadores.

La información que maneja el Instituto de Pensiones de Jalisco nunca había sido tan accesible y tan oportuna como las últimas semanas, donde se esmeran en dar los datos para evidenciar que el problema económico es de antaño y que están buscando la mejor manera de recuperar las inversiones fallidas y castigar a los responsables. Sin embargo, todavía no se ha dado ni un peso de reparación de daño porque los procesos legales siguen en marcha.

Líderes sindicales han sido firmes en que no cederán en aumentar cuotas y prestaciones, incluso pueden llegar a mantenerse en esa postura pese a conocer el fondo. Todo para no ensuciarse las manos y hasta pueden heredarlo a sus sucesores, y así no quedar mal con la actual militancia.

Hasta podrían aplicar la estrategia de los políticos de que los que vienen atrás paguen las consecuencias y librarse de la mala imagen y así no pasar a la historia como quienes perjudicaron a los trabajadores.

Aunque aquí de lo que se trata es de encontrar una solución definitiva a corto plazo para evitar problemas en el futuro para pagar las pensiones y también podrían al mismo tiempo evidenciar quiénes fueron, cómo y cuándo llevaron a esta situación económica al instituto para repartir responsabilidades y señalarlos.

El pase de estafeta se está dando y sólo hay que fijarnos si asumen culpas o si las reparten.

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