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Nadie que se diga demócrata puede estar en contra de las manifestaciones públicas. Las marchas son un catalizador y una pieza clave de nuestra vida democrática. Nos podrán gustar o no las causas que abanderan, pero salir a las calles a expresar nuestro desacuerdo y gritar consignas en contra o, incluso, a favor de un proyecto político, autoridad o gobernante refleja libertades y derechos que no todos los regímenes pueden garantizar.
Vale recordar que en nuestro país este tipo de expresiones no siempre fueron toleradas. La matanza de Tlatelolco en 1968 estuvo precedida, entre otras, por la manifestación de desobediencia civil y por la marcha del silencio que se llevaron a cabo el 13 de agosto y el 13 de septiembre de ese mismo año, respectivamente; la primera convocó a 150 mil personas; la segunda a 250 mil. Entonces, la realidad de México era otra: se vivían los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, de la hegemonía priista y de la represión por motivos políticos. El presidente representaba no sólo al gobierno, sino también a su partido, al Estado y a la opinión pública.
De entre todas, la manifestación del 6 de julio de 1988 tuvo un impacto directo en el sistema político. Después de la “caída del sistema” y el anuncio del triunfo electoral de Salinas de Gortari, los líderes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra convocaron una manifestación multitudinaria esa misma noche.
Después vinieron grandes movimientos y marchas. Contra la inseguridad, el 27 de junio de 2004; contra el desafuero de López Obrador el 24 de abril de 2005; otra vez contra la inseguridad el 1 de septiembre de 2008 y el 6 de abril del 2011. La marcha pacífica por Ayotzinapa el 20 de noviembre de 2014 y la marcha contra la violencia de género el 8 de marzo de 2020, la mayoría impulsadas por las clases medias urbanas, y algunas como la de 1988, con efectos directos en los sistemas electorales y de partidos de nuestro país.
Desde Jalisco hemos sido testigos de cuatro manifestaciones que han llamado la atención de la opinión pública local y han radicalizado, aún más, las posiciones de los actores políticos involucrados y de la propia ciudadanía.
Dos de ellas se presentaron en el escenario nacional, y aunque solo una tuvo presencia real en nuestra ciudad, las repercusiones del debate se siguen presentando. La marcha por la defensa del INE sirvió de pretexto para alinear a todos los inconformes del lopezobradorismo. En ella participaron contingentes en más de 20 ciudades del país y en la capital estuvo reforzada por líderes de los partidos de oposición que, con el pretexto de la reforma electoral, salieron a manifestar su repudio al gobierno de AMLO.
Como respuesta, el presidente convocó a una marcha multitudinaria que, según el gobierno de la Ciudad de México, sacó a las calles a más de un millón de asistentes, con el pretexto de la celebración de los cuatro años de gobierno de la 4T.
Acá en Jalisco, la marcha convocada por la Universidad de Guadalajara para exigir un mayor presupuesto al gobierno de Jalisco potencializó el encono que existe entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro. El gobernador de Jalisco respondió con una marcha contra el Grupo Universidad en plena Feria Internacional del Libro.
Es decir, lo que hay detrás de estas expresiones son intereses políticos que a veces se pierden entre pancartas y gritos. Es claro que unos quieren fuera a AMLO y pretenden aniquilar a la 4T, mientras otros manifiestan su repudio a la oposición y a sus apologistas. Igual acá, Alfaro y Padilla cuidan intereses personales y de grupo. Uno lanza a autoridades universitarias y estudiantes a las calles, el otro a funcionarios de gobierno y a militantes de su partido.
Negarnos a esto es cegarnos ante una realidad que no da espacio a las calificaciones éticas. Aquí no hay buenos y malos, solo un juego de que gana el que mejor interpreta la realidad, más allá de su perspectiva personal.
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jl/I