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Lengua-je soez
El ex auditor superior Alonso Godoy Pelayo, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña y la ex regidora Elisa Ayón Hernández se encuentran entre los 60 ex funcionarios que han promovido amparos para que no se reduzca el pago de su pensión dorada.
Luego de que a inicios de septiembre de 2021 el Congreso del Estado fijara un tope a las jubilaciones VIP a propuesta del Poder Ejecutivo –actualmente es de 108 mil 553.47 pesos mensuales–, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) ha recibido decenas de notificaciones para que no toque los pagos de ex magistrados, ex diputados y otros ex funcionarios.
El 9 de febrero, el titular del Ipejal, Héctor Pizano Ramos, informó que 55 jubilados estaban amparados contra el tope, pero a NTR se entregó información que arroja que ya son 60. En total, 78 ex funcionarios tienen pensiones que van de los 108 mil 553.47 a los 209 mil 456.41 pesos, según los datos de la nómina de pensionados que aparecen en el portal del Ipejal.
Entre quienes decidieron defender su pensión destaca el ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Eleuterio Valencia Carranza, quien consiguió una suspensión judicial para seguir percibiendo más de 209 mil pesos mensuales, la jubilación más alta del estado. Tanto en ésta como en las demás cifras de pensiones se incluyen impuestos, es decir, no tienen deducciones.
El segundo monto más alto se paga al ex auditor Alonso Godoy Pelayo, quien se amparó para seguir cobrando 199 mil 539.61 pesos mensuales. El funcionario se jubiló en medio de diversos escándalos, pues cobró más de 9 millones de pesos (mdp) adicionales a su salario sin que haya explicado nunca el concepto, a lo que se suma el cobro de 5 mdp por parte de su suegro. Ambos montos salieron del Congreso del Estado.
En el listado de amparados hay además un grupo importante de ex funcionarios del Poder Judicial, entre ellos el ex magistrado y papá del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, quien cada mes recibe 174 mil 262.99 pesos, así como la ex integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ) María Carmela Chávez Galindo, quien percibe 184 mil 674.98 pesos.
También decidieron acudir a tribunales para defender su pensión el ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco, quien cada mes cobra 183 mil 105.76 pesos, así como el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, quien recibe 180 mil 996 pesos mensuales.
La ex edil Elisa Ayón, quien fue destituida del cargo en marzo de 2014 luego de que se dieran a conocer audios en los que se le escucha, con palabras altisonantes, exigir a trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara que repartan ingresos por actos de corrupción, también decidió ir al amparo para conservar su pensión de 108 mil 553 pesos, monto igual al tope fijado por los diputados.
En contraste, al menos cinco jubilados aceptaron el recorte a su pensión sin emprender acciones legales. Entre ellos se encuentra el ex diputado local César Gabriel Alfaro Anguiano, tío del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y quien recibe el tope a pensiones de 108 mil 553.47 pesos mensuales a pesar de que tenía derecho a 137 mil 955.19 pesos, así como el ex regidor y ex legislador Francisco Javier Hidalgo y Costilla, quien podía acceder a una pensión de 177 mil 130.11 pesos al mes.
Otros ex funcionarios que no promovieron amparos y cobran 108 mil 553.47 pesos mensuales son el ex funcionario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) José Luis Gutiérrez Gómez y los ex profesores Espiridión Medina García y Arnoldo Rubio Contreras.
El 3 de septiembre de 2021, el Congreso del Estado reformó la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos para establecer que la base de cotización del pago de las aportaciones de todas las plazas, de cualquier afiliado, no debía ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) elevado al mes.
Una ex funcionaria, que por cierto no se veía afectada con las reformas, promovió un amparo en su contra que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que el 8 de febrero resolvió a su favor y en contra de las modificaciones legales. A dicho recurso se suma una acción de inconstitucionalidad cuya resolución está pendiente.
Posterior a la reforma, tres funcionarios han llegado a la jubilación con derecho a una de las llamadas pensiones doradas, pero por lo pronto se les aplicó el tope. Son Juan José Rendón Dueñas, quien fuera secretario particular del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; Ana Violeta Iglesias Escobedo, ex funcionaria del Poder Judicial y una de las jubiladas más jóvenes, y Rubén Hernández Cabrera, ex consejero electoral.
El 1 de febrero de 2022, el entonces titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, renunció al cargo por motivos de salud y a partir de enero de este año recibe una pensión dorada por edad avanzada. Según el portal del Ipejal, tiene una percepción mensual de 111 mil 540. 24 pesos a la que se le deducen 13 mil 737.43.
jl/I