5 de junio no se olvida

Hace tres años, mediante el uso de la fuerza pública, el gobierno de Jalisco pretendió silenciar las voces de las personas manifestantes que salieron a las calles a exigir justicia por Giovanni López. A tres años, quienes el 5 de junio de 2020 fueron víctimas de desaparición forzada y tortura han comprendido que su historia es una de muchas más que concluye en impunidad y que, ante la exigencia de justicia, la respuesta institucional es el hostigamiento o represión.

En su momento los hechos trascendieron a nivel internacional, por lo que el gobierno de Jalisco se sintió obligado a generar compromisos con las víctimas y a promover reformas institucionales para que estos actos no se repitan. Sin embargo, estos compromisos no se materializaron. Lo ocurrido se redujo al clasificarlo como abuso de autoridad y se simularon las investigaciones, sin indagar las cadenas de mando. A pesar de las evidencias de la participación de más de 200 elementos en los hechos, y el reconocimiento oficial de la captura de la Fiscalía por el crimen organizado, a la fecha no se sabe con certeza qué sucedió ese día.

Si algo ha demostrado esta administración es que en Jalisco la protesta social no es un derecho. Las represiones de junio de 2020 no fueron hechos aislados, sino que se enmarcan en una política sistemática, demostrando la expertise de las autoridades en intimidar, hostigar y agredir a quienes salen a la calle para exigir cambios y garantías de derechos, incluidas también las víctimas. Y si bien la permanencia de prácticas de represión ha limitado la participación de varias personas en las manifestaciones, en los últimos años la cantidad de protestas ha aumentado, pues para muchas víctimas exigir públicamente respuestas y generar presión mediática es el último recurso ante la pasividad de las autoridades, y la única esperanza para obtener avances.

Esto evidencia que las medidas de no repetición por los hechos del 5 de junio en realidad nunca han existido. Incluso, se ha mantenido la tendencia de borrar cualquier evidencia que pudiera dañar la imagen del Estado y demostrar su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, pues hace unas semanas el Ayuntamiento de Guadalajara retiró el memorial del colectivo que simbólicamente representaba los hechos y su camino por la verdad y la justicia.

Aunque hay esfuerzos por callar las voces y minimizar la realidad, esta permanece a través de la lucha y las propias vivencias de las víctimas. Su proceso continúa, buscando la reconstrucción de memoria colectiva y transformación de las instituciones, incluida también una verdadera disculpa pública por parte del Estado. Sólo el pleno reconocimiento y esclarecimiento de los hechos y un verdadero compromiso con los derechos humanos puede asegurar las medidas de no repetición.

Una de las víctimas del 5 de junio, Inés, señaló que “nuestros nombres propios permanecen y resisten, junto a muchos otros nombres y voces reunidas en una colectividad posible, a la cual pertenecemos, y que persistirá, más allá del presente”. En este sentido, el ex relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Pablo de Greiff explicó que las garantías de no repetición comprenden una amplia gama de medidas institucionales, pero también consideran reformas culturales y de disposiciones individuales, mismas que puedan reforzar la solidaridad entre las personas.

La transformación se construye desde la colectividad, pero también a partir de la contribución de cada individuo. Las personas desaparecidas el 5 de junio regresaron con vida porque la sociedad se solidarizó y movilizó, ayudando a documentar y visibilizar los hechos.

El 5 de junio no se olvida, y hoy a las 15:30 horas el colectivo 5 de Junio Memoria realizará un acto de memoria en Plaza Imelda Virgen. La concentración será pacífica y de carácter artístico. Ojalá podamos asumir nuestra tarea, como sociedad, de no olvidar y no ser cómplices del silencio cuando nuestra cotidianidad consiste en tanta muerte y ausencia. Que los lugares públicos sean espacios que hablan y que generen raíces de una memoria colectiva, que nos ayude a que lo sucedido no se repita nunca más.

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