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Con 32 votos a favor, diputadas y diputados aprobaron modificar la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios para ampliar la protección al jefe de gabinete estatal, quien hasta el mes pasado era Hugo Luna, además de las fiscalías especializadas, como la anticorrupción, que preside Gerardo de la Cruz Tovar, una vez que estos finalicen sus funciones.
Asimismo, sumarán más años de protección, ya que agregan que se juntará el tiempo de los cargos que hayan ocupado. La bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió una modificación para incluir a las personas buscadoras de desaparecidos en la ley, la cual también se avaló.
En una primera instancia, el diputado Tomás Vázquez Vigil había rechazado la modificación, pero luego de la intervención de los diputados José María Martínez, Yussara Canales, Enrique Velázquez y Julio Covarrubias, hubo una reconsideración y se pidió un receso. Posteriormente el dictamen fue sometido a votación con el cambio propuesto por Morena.
Martínez explicó que el receso ayudó a lograr el consenso de todas las fuerzas políticas. Mirelle Montes, del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó que, en lugar de “madres buscadoras”, quedó como “personas buscadoras”, con el objetivo de que también se proteja a los padres.
Para los ex funcionarios se amplió el tiempo que recibirán protección, ya que se modificó que tengan derecho a la asignación del servicio de protección, en dicha calidad, con el número de personas que correspondan al nivel máximo de protección que se le hubiera asignado, “por el plazo que corresponda a la suma de los encargos desempeñados”.
Además, las medidas de seguridad para ex funcionarios, concluido el plazo, permanecerán conforme a lo que determine el dictamen técnico. “Los gastos de viáticos de los elementos asignados correrán por cuenta del ex funcionario a quien se brinde el servicio”, se indica; anteriormente se detallaba que el servidor público debía hacerse cargo también de los gastos por el mantenimiento de los vehículos.
La ley describe que quienes deberán contar con protección continua son el gobernador, el secretario general de Gobierno, el fiscal estatal, titulares de las fiscalías especializadas y especiales, el jefe de Gabinete, el coordinador general estratégico de Seguridad, el secretario de Seguridad, el fiscal regional, el encargado de Reinserción Social, el secretario de Transporte y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia o quienes realicen sus funciones.
jl-jl/I