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Sombra
Entre 2019 y 2024 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y clausuró 105 predios de Jalisco donde hubo un cambio de uso de suelo ilegal con fines agrícolas; principalmente se trató de bosques deforestados para plantar aguacate y agave, sin embargo, la práctica se queda sin castigo.
Si bien la Profepa especificó que realizó clausuras de los predios –no especificó si parciales o totales–, la mayoría de los casos, 99, sigue en trámite, pues sólo seis fueron concluidos y todos terminaron sin sanciones para quienes deforestaron.
Vía transparencia, la Profepa entregó a NTR dos bases de datos sobre los procesos iniciados por predios clausurados por cambios de uso de suelo irregulares. La primera, basada en información de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, tiene 43 registros y la segunda, de la Oficina de Representación de Protección Ambiental en el Estado de Jalisco, da cuenta de los 62 hechos restantes.
De los 105 casos en total, la zona aguacatera del Sur de Jalisco es la que suma más predios irregulares. San Gabriel, donde en junio de 2019 ocurrió un desastre atribuido a la deforestación para fines agrícolas que dejó cinco personas fallecidas, encabeza la lista con más terrenos anómalos detectados por la Profepa.
En este municipio la Profepa detectó 22 cambios de uso de suelo ilegal. La dependencia federal no especificó la superficie de cada uno, pero sí que ninguno de los expedientes está concluido y, por lo tanto, no hay sanciones hasta hoy.
Tan sólo el año de la tragedia en el mismo municipio se clausuraron ocho predios por modificaciones de uso de suelo ilegal. Del total de casos, sólo en dos se confirmó el tipo de cultivo detectado y en los seis restantes, no; en uno de los que sí se aportó detalles de lo cultivado se indica que el cambio consistió “en la remoción de vegetación de un bosque compuesto de pino-encino para el establecimiento de una huerta de aguacate”.
Si bien en San Gabriel se encuentra una de cada cinco huertas ilegales detectadas por la Profepa, un total de 29 municipios registró cambios de uso de suelo ilegal con fines agrícolas de 2019 a 2024.
En la zona aguacatera también resaltó Concepción de Buenos Aires, con 17; Gómez Farías, con 14, y Zapotlán el Grande, con siete.
Con más de dos predios irregulares resaltan demarcaciones como Atoyac, Cuautitlán de García Barragán, Sayula, Tala, Tapalpa, Juanacatlán, San Sebastián del Oeste, Tuxpan, Chiquilistlán y Tecolotlán.
En los terrenos no solo se cultivó aguacate. En Tototlán, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlanejo, Cuautitlán de García Barragán, Etzatlán, Tolimán y Magdalena se detectó agave ilegal; en Tecolotlán, berries; en Cuautitlán de García Barragán, maíz, y en Villa Corona, limón.
En los únicos seis casos donde ya se concluyó el proceso se determinó no sancionar el cambio de uso de suelo. La Profepa no especificó los motivos.
Cuatro de los seis terrenos con proceso de investigación acabado están ubicados en Gómez Farías. En dos la conclusión fue que el cambio de uso de suelo se realizó sin autorización, pero no se dieron más detalles; en otro que se trató de la remoción de vegetación en un terreno forestal, y en el último caso sí se especifica que fue para colocar una huerta de aguacate. Todos ocurrieron en 2020.
Los dos casos restantes se registraron en 2023. El primero en Juanacatlán, donde quien hizo la modificación de uso de suelo no presentó la autorización correspondiente, y el segundo en Tomatlán, donde se detectó el mismo motivo.
Con la petición de que se establezca una mesa de diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se expongan las distintas problemáticas relacionadas con la producción de agave y tequila en Jalisco, integrantes del sector agavero de la entidad protestaron ayer en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
Mediante un oficio solicitaron a la presidenta de México que exista vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Economía y su Dirección General de Normas para la Verificación y Vigilancia al Consejo Regulador del Tequila (CRT), organismo al que señalaron de irregularidades y corrupción.
“El CRT convenció a Marcelo Ebrard en ser el único Consejo Regulador del Tequila cuando esto es ilegal, ya que la figura de consejo regulador no existe en México, ni en la ley de la infraestructura de la calidad (LIC) ni en la ley federal de protección a la propiedad industrial del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectural)”, precisa el texto.
Los manifestantes también exigieron que se apliquen análisis y muestreos en las plantas de producción para evitar alteraciones al tequila durante el proceso de envasado. Nancy Ángel
El primer lugar
jl/I